Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, ratificó la multa de $ 2,3 millones impuesta a la empresa Recapt S.A., encargada de dar el servicio de call center para agendar las citas médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La resolución, emitida el viernes pasado, rechazó la apelación planteada por la compañía respecto a la sanción que le impuso la Comisión de Primera Instancia de esa Superintendencia, en septiembre del año pasado.

Según esta Comisión, Recapt “falseó y distorsionó” la competencia durante la etapa de selección del contratista. Estableció que la compañía tuvo un acuerdo con la empresa guayaquileña Solnet S.A., para presentar sus ofertas y favorecerse del contrato. La Superintendencia también multó a Solnet con $ 9.874.

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El IESS adjudicó el contrato a Recapt por $ 19,45 millones, en el 2012. Esta obtuvo un nuevo contrato por $ 17,9 millones en el 2014 por otros dos años.

A más de confirmar las multas, Pedro Páez realizó un cambio a la sanción original.

La Comisión de Primera Instancia había dispuesto que, como medida correctiva, se demande la nulidad del contrato ante la Función Judicial. El superintendente ordenó en cambio que se remita su resolución a la Fiscalía, la Contraloría y la Secretaría de Transparencia de Gestión de la Presidencia para que interpongan acciones legales; también a las autoridades del IESS para que analicen la actuación de sus funcionarios.

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Por este contrato, la Contraloría ya emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en el 2013 y lo envió a la Fiscalía, que abrió una investigación por supuesto peculado.

No obstante, el fiscal Pablo Santos Basantes solicitó el archivo de la indagación. La jueza Verónica Medina Namia aceptó el pedido y el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) la sancionó con un mes de suspensión por no fundamentar correctamente su resolución y violentar el debido proceso.

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Para María Teresa Torres, abogada de Recapt, existen contradicciones en la resolución de Páez. Argumentó que los funcionarios del IESS no fueron citados a comparecer y, sin embargo, se piden investigaciones en su contra. Asimismo, indicó que el cálculo de la multa no cumple con la ley que rige a la Superintendencia.

Torres anunció que planteará a Páez la ampliación y la aclaración de su decisión, y que demandará ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Este Diario pidió una entrevista a la gerenta de Solnet, Maritza Parra, quien no respondió hasta el cierre de esta edición.

El denunciante de este caso, Aníbal Carrera, dueño de la empresa Cronix Cía. Ltda., que participó en el proceso de contratación y fue descalificada, mostró su satisfacción con la resolución de la Superintendencia. Señaló que, con base a esta sanción, pedirá a la Fiscalía que reabra la investigación penal en contra de Recapt y los funcionarios del IESS que participaron en esa contratación. (I)

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Proceso de
nulidad

Demanda
La Procuraduría General del Estado demandó en septiembre del 2013 que se declare la nulidad del contrato firmado entre Recapt S.A. y el IESS en marzo del 2012.

Juicio en marcha
La demanda se planteó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito. Los jueces no han emitido todavía una sentencia.