Plan se arma para que padres no vayan ‘presos’ y paguen pensiones

La problemática se repite con matices pero más o menos es así: el hombre adeuda dos o más meses de pensión alimenticia a sus hijos; la exmujer lo enjuicia, le gana el proceso y él va a la cárcel por 30 días.

Pero toda historia tiene varias versiones.

Un conductor de taxi que pidió la reserva de su identidad está en contra de esta sanción y expuso su caso: “Si a uno lo mandan preso, cómo va a trabajar para pagarles; yo trabajo en mi taxi y así puedo darle la manutención a mis hijos”.

Edith López, una madre de 19 años, está a favor, pues cree que es una forma de ‘presión’ para que ciertos hombres paguen por “su irresponsabilidad”.

Ella se acercó ayer a la Unidad Judicial de la Familia, en el sur de Guayaquil, para averiguar si estaba lista la boleta de apremio que pidió para el padre de su hija de 9 meses. El juez fijó una pensión de $ 96: “Yo quiero que vaya a prisión porque no me pasa ni un centavo desde que le puse la denuncia en agosto”.

El Gobierno estudia tres alternativas a la prisión para estos padres. El presidente Rafael Correa las explicó el pasado sábado, durante el enlace, y dijo que se las está ‘construyendo’.

La primera consiste en que el deudor duerma en el centro de reclusión que le corresponda, y durante el día busque trabajo.

Correa incluso informó que esta propuesta fue planteada en la Asamblea, pero que la Comisión de Justicia la negó.

La segunda plantea colocarle a la persona un brazalete o tobillera para que pueda ejercer su oficio o buscar uno, mientras es monitoreada.

Y la tercera, que ella labore ‘temporalmente’ para el Estado hasta que halle una plaza definitiva. Correa aclaró que sería con una “baja remuneración, muy baja remuneración”.

“Nos está saliendo más caro tener a esta persona presa que lo que tiene que pagar por pensiones”, aseveró Correa.

Y precisó que el primer escenario le cuesta al Estado $ 450 al mes, pues cada reo representa una ‘carga’ de $ 15 diarios, mientras que el segundo representa unos $ 160 porque “la pensión promedio que se adeuda es de $ 5,3 diarios”.

El monto lo define un juez en base a una tabla que contempla parámetros como la edad del hijo, los ingresos del familiar obligado a pagar, entre otros.

La asambleísta Gina Godoy (AP) respaldó estas ‘ideas’ del primer mandatario, pero hizo dos observaciones.

Una, que tendrían que ser concretadas a través de reformas al Código Orgánico General de Procesos (Cogep), pues allí no existen “medidas distintas para el cumplimiento del apremio”.

Y dos, que la Comisión de Justicia que ella integra, no acogió la propuesta del denominado “arresto nocturno” porque en ese momento no había la ‘certeza’ de “la disponibilidad” de los brazaletes o tobilleras que permitirán monitorear a la persona.

Anunziatta Valdez, del Movimiento de Mujeres de Ecuador, cuestionó el planteamiento oficial por varios motivos.

Dijo que, de implementarse, se quitaría la “medida de prevención” que existe, pues “muchos pagan para no ir presos, si se elimina la medida, muchos no van a pagar”.

También afirmó que la prisión se aplica como la última sanción, y luego de un juicio “de dos instancias”.

“Si está privado de su libertad, es porque no ha querido satisfacer esas necesidades y porque no ha cumplido con el deber fundamental de toda persona que procrea un hijo, que es cuidar de su supervivencia”, según su opinión.

El pasado sábado al exponer las alternativas, Correa advirtió que detrás de ciertos juicios había motivaciones de venganza:

“Aquí prevalece el derecho superior del niño, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿qué es lo que buscamos: solucionar el problema o la venganza?”.

Y citó que entre enero y noviembre del 2015 se registraron 182.640 procesos por juicios de alimentos, de los cuales 821, es decir el 0,45%, terminaron con la privación de la libertad del demandado. (I)

La prisión es en base a que hay un valor superior que es la supervivencia del niño. Hay dos derechos en confrontación: ese y el derecho a la libertad de toda persona.Anunziatta Valdez, activista