Norma plantea siete causales para expropiar tierras rurales privadas

Ciertas tierras rurales que son de “dominio privado” y están aptas “para la producción agraria” podrán ser expropiadas por el Estado en siete casos.

Así lo establece el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que el pleno de la Asamblea aprobó el pasado jueves con 98 votos.

Las ‘causales’ constan en el artículo 103, y van desde incumplir con ciertas ‘funciones’ de los predios en sí hasta incumplir con aspectos laborales de quienes allí trabajen.

El tema de la expropiación fue uno de los que experimentó cambios durante el segundo debate del texto de ley, que se desarrolló en tres sesiones del pleno en igual cantidad de días.

El informe que la Comisión de Soberanía Alimentaria elaboró, como encargada del trámite, incluía seis causales.

La séptima que se agregó dice que el Estado podrá expropiar “cuando exista presión demográfica sobre el predio, técnicamente calificada y previo informe de las autoridades nacionales Agraria y de Planificación”.

El presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona, Rodrigo Gómez, explicó que el término ‘presión demográfica’ alude a la expansión de predios urbanos hacia los rurales.

Y describió un posible escenario: “En vez de que sea una decisión de los propietarios el mantener un predio en producción agrícola, probablemente con una plusvalía legítima, pues el Estado va a ‘darnos decidiendo’ que es presión demográfica y qué hacer”.

Gómez expresó su preocupación porque tales decisiones recaerán sobre la Autoridad Agraria Nacional, que la propuesta de ley crea, y que a su criterio, tendrá “superatribuciones”.

La institución definirá si la tierra cumple con las funciones ‘social’ y ‘ambiental’, que se disponen. La primera, según el proyecto, ‘presupone’ que el predio “mantenga una producción sostenible y sustentable”; y la segunda, el “uso racional del suelo”, la conservación del agua, entre otros requisitos.

El incumplimiento de una función o la otra se configura como causal de expropiación.

La propuesta refiere cuatro casos y fija algunos plazos.

De hecho, en uno se amplió el tiempo para ‘corregir’ el incumplimiento de la ‘función social’. El informe para segundo debate daba 12 meses y el texto votado da 18.

Pero la redacción de esta causal en específico preocupa al coordinador de la Federación del Seguro Social Campesino, Antonio Perea, porque se pide “cumplir los promedios de productividad de la zona”, indica el artículo 103 en su letra c.

“Es decir, uno tendrá que sacarle la madre a la tierra cuando en el campo todavía usamos machete”, dijo, al tiempo de explicar que la falta de herramientas, semillas o sistemas de riego podría impedir alcanzar los ‘promedios’.

Pero también expresó su preocupación por otra causal, la de la letra g del mismo apartado: “Cuando se mantengan relaciones precarias de trabajo prohibidas por la ley”.

Perea opinó que la situación laboral en el campo es ‘complicada’, y no debería constar en una norma de tierras rurales.

La última causal es “cuando exista latifundio”.

El proyecto de ley lo prohíbe, motivo por el cual varios oficialistas lo refieren como punto ‘importante’ del texto. (I)

Excepciones
La propuesta señala que varios bienes quedan excluidos de la expropiación, entre ellos:

  • Los predios de la agricultura familiar campesina cuya superficie sea igual o inferior a 25 hectáreas en la Sierra, 75 hectáreas en la región Costa y 100 hectáreas en la Amazonía y Galápagos;
  • Los bienes nacionales de uso y dominio público;
  • Las tierras destinadas a la investigación científica y transferencia de tecnología, relacionadas con el desarrollo del agro;
  • Las tierras que constituyan Patrimonio Forestal del Estado, Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Cultural y Arqueológico, cuyo dominio corresponde al Estado;
  • Las tierras de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y territorios ancestrales, sujetas al régimen comunitario de la tierra contemplada en la Constitución.

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