En su tercer año del periodo 2013-2017, el bloque de Alianza PAIS (AP) en la Asamblea mostró más controversias y fracturas a su interior, que se suman a la sanción del 2014 impuesta a las legisladoras que apoyaban la despenalización del aborto por violación.

La primera controversia se hizo pública durante el informe a la nación que el presidente Rafael Correa ofreció el pasado 24 de mayo.

En su discurso, él habló de corrupción en las filas oficialistas y al término de la ceremonia, la asambleísta M.E.G. fue detenida para investigaciones.

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Su alterno Pablo de la Torre fue principalizado, y actúa apegado al bloque.

La primera fractura con la que el oficialismo perdió un voto se dio, en junio pasado, cuando la mayoría se allanó al veto parcial del entonces proyecto a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos.

Ángel Vilema se desafilió de AP. Además, el día de la votación en el pleno, hubo un cruce de acusaciones entre Marcela Aguiñaga y Vilema, y en Twitter, Correa calificó de “mentiras de un demagogo” haber señalado que era antitécnico definir los salarios por el Índice de Precios al Consumidor.

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Vilema dijo entonces que el Ejecutivo había impuesto el tema de los salarios y, la semana pasada y luego de siete meses de haber dejado la militancia, declaró que en los últimos años AP había “sido vertical”.

El exoficialista comentó que en el anterior periodo legislativo, del cual él formó parte, todavía existía espacio para el diálogo y el consenso, pero que con cien asambleístas las opiniones de todos ya no eran tomadas en cuenta y eso había llevado al ‘desgaste’.

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La visión del coordinador de bloque, Fausto Cayambe (AP), es que Vilema “se aceleró”.

“Creo que podía haber peleado adentro, creo que miró también un tema local, no nacional. Tenía condiciones para discutir y la presión de sus votantes exigió que tome una decisión”.

Otra sanción recayó contra Fernando Bustamante por abstenerse de votar por las enmiendas constitucionales.

Este mes sus derechos como militante fueron suspendidos durante seis meses y tuvo que principalizar a su alterna (Lidia Paredes) en el Parlamento.

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Además fue advertido por el Comité de Ética del movimiento por unas declaraciones públicas que había hecho.

Otra controversia se produjo en los últimos días por la propuesta de enmienda de las juntas parroquiales que fue respaldada por María José Carrión y otros legisladores, y rechazada por Cayambe, Alexandra Ocles y otros oficialistas.

Carrión defendió su posición, pero Cayambe dijo que era un punto de vista que aún no había sido discutido.

De manera general, al referirse a los casos de Vilema y Bustamante, Carrión sostuvo que hay momentos ‘difíciles’, pero que muchas veces las causas que uno ha seguido en toda la vida tienen que minimizarse en beneficio del proyecto.

Otros eventos de menor relevancia pero que implicaron discordancias fueron al votar la Ley de Prevención de Drogas.

Mauro Andino abandonó la sala y horas antes declaró que no estaba de acuerdo con la reforma al Código Penal que implicaba el referido proyecto, pues las penas para el microtráfico se aumentaban.

Para mejorar el desenvolvimiento del bloque, Carrión sugirió una nueva metodología para elegir a los coordinadores, más procesos transparentes al interior de la bancada en cuanto a asuntos como qué entra y qué no entra en el pleno.

Para Cayambe no han existido fracturas, sino discrepancias. No siente que se haya roto la bancada. (I)

Leyes
Votaciones

Identidad
Aunque son 99 asambleístas oficialistas, solo hubo 77 votos a favor para la aprobación del proyecto de Ley de Identidad, que permitirá introducir varios cambios en la cédula de identidad, entre ellos el género. El número de ausentes en la plenaria fue de 37, la mayoría oficialistas.

Alianzas
Una sesión para votar sobre el veto para la Ley de Alianzas Público-Privadas fue suspendida por los desacuerdos que mostraron los oficialistas de la Amazonía sobre el hectareaje. Al final, la mayoría se allanó al veto del Ejecutivo.