Prohibición de salida del país y prisión preventiva fue la decisión que el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia adoptó ayer contra las ocho personas que la Fiscalía vinculó al caso que investiga la supuesta ejecución extrajudicial de Amada Suárez, madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, adolescente que fue acusado de la muerte de taxistas en la década de los 90.