Como un “duro revés para la libertad de expresión en Ecuador” consideró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la enmienda constitucional aprobada la semana anterior que califica de “servicio público” a la comunicación.

Esta figura ya está contemplada en la Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde el 2013 y que, según el gremio, “es usada por el gobierno de Rafael Correa como instrumento de presión y censura.

A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó que con esta disposición el Gobierno “se arroga la potestad y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como rezan los principios internacionales tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec”.

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Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, dijo que con la enmienda “el gobierno de Correa ha querido simplemente darle legitimidad constitucional a la Ley de Comunicación que por sí misma no se sostenía, ya que el grado de censura que por ella se aplica es, a todas luces, un atropello a la Constitución y al Estado de Derecho”.

La SIP, que tiene sede en Miami (Estados Unidos), aglutina a 1.300 publicaciones de todo el continente. (I)