Las auditorías que la Contraloría realiza al patrimonio de los asambleístas tienen resultados en cerca del 10% de los casos.

El organismo investiga los bienes de los 137 legisladores luego de que una dignataria, que entonces era de AP, supuestamente cometiera cohecho pues habría intentado sobornar por el contrato de una obra.

La acción de control responde a un pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de mayo pasado.

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La Contraloría informó a este Diario que “ya se elaboraron los informes definitivos” sobre las declaraciones patrimoniales juramentadas de 15 asambleístas. Es decir, de un 10%.

También recordó que los exámenes especiales (auditorías) eran por el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2013 y el 15 de mayo de 2015.

Los asambleístas están obligados a presentar a la Contraloría su información patrimonial, pero esta es reservada.

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El Observatorio Legislativo los ha invitado a que la publiquen por “honestidad política”, dijo su director, Marcelo Espinel, y agregó que ‘muchos’ se han excusado hasta no recibir el informe del ente de control.

El parlamentario Wilson Chicaiza (CREO) criticó que el CAL aún no responda a su pedido para que se ‘exija’ a sus colegas la difusión de dicha información. Lo hizo a través de un oficio que dirigió a la presidenta Gabriela Rivadeneira (AP), el pasado 28 de mayo.

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Dos días antes, el CAL había resuelto solicitar a la Contraloría que realice el examen especial a las declaraciones patrimoniales de todos los asambleístas. (I)