El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) propone endurecer sanciones a las empresas encuestadoras que no ejerzan su actividad apegadas a la ley o que difundan encuestas diez días antes de las elecciones con multas de hasta $ 100 mil, prisión de hasta tres años y cancelación de la personería jurídica. Y amplía la regulación a las personas naturales que hagan públicos los pronósticos electorales que reciban por cualquier medio.
El director de Cedatos, Polibio Córdova, comentó que se trata de sanciones “drásticas” para las encuestadoras, pero opinó que en caso de que un tercero reciba los resultados de un sondeo y los publique en la prensa o redes sociales no está claro a quién se castigaría: si a la empresa o a la persona natural que lo difundió.
Con esto, a su criterio, cualquier encuestadora estaría prohibida de realizar sondeos porque “tendríamos que cuidarnos de que quien reciba el estudio no lo difunda ni a través de medios, redes e incluso a través de sus amigos”.
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Córdova dijo que es necesario que se analice esta propuesta porque, como está redactada, se estaría prohibiendo hasta la conversación entre amigos sobre un resultado electoral.
El encuestador señaló que no conoce país democrático alguno que tenga una ley así. “Esta propuesta de reforma plantea una prohibición tal que aplica una censura”, alertó.
Mientras que el director de Market, Blasco Peñaherrera, dijo que “no le extraña que el Gobierno, en su afán de ser un perseguidor de los ecuatorianos, proponga una reforma que tendrá a los ciudadanos amordazados durante diez días antes de las elecciones”.
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“Lo que sí se tiene que preguntar es por qué el Contencioso está tan preocupado por controlar la información sobre las encuestas en las redes sociales”, afirmó Peñaherrera, quien en el 2014 fue cuestionado por el presidente Rafael Correa por difundir sondeos sobre la intención de voto a la Alcaldía de Quito en Twitter.
La reforma planteada por el TCE estaría conectada con la intención de “generar miedo y sembrar temor”, criticó. (I)