Prohibición de participar en procesos de contratación pública se revierte en decreto

Los oferentes y proveedores de personas jurídicas cuyos accionistas, asociados o partícipes están domiciliados en paraísos fiscales ya podrán participar en los procesos de contratación pública.

El Decreto Ejecutivo 774, del 9 de septiembre pasado, abolió la disposición emitida en 2009 (Decreto 1793), en la que se “descalificaba inmediatamente” a aquellos accionistas que tenían domicilio en los paraísos fiscales determinados por el Servicio de Rentas Internas.

Seis años después, el mandatario Rafael Correa dio marcha atrás, para “incentivar el arribo de inversiones extranjeras, el incremento de puestos de trabajo y la transferencia de conocimientos y tecnología”, se argumenta en el nuevo decreto.

La prohibición para participar a los empresarios con este tipo de vínculos se dio a raíz de que Fabricio Correa, hermano mayor del presidente, habría mantenido adjudicaciones con el sector público a través de empresas o consorcios presuntamente domiciliadas en Panamá, que eran consideradas por el SRI como un paraíso fiscal, al no pagar impuestos.

En tanto, el SRI incorpora a 87 países como paraísos fiscales, según una resolución actualizada al 28 de enero de 2015.

Para Pablo Chambers, veedor ciudadano que observó los contratos de Fabricio Correa, en “ningún momento se puso en efecto” el decreto de 2009, pues cree que solo sirvió para “fines propagandísticos”.

Otro crítico a esta política es Jorge Rodríguez, exmiembro de la extinta Comisión Nacional Anticorrupción, para quien “gran parte de los capitales internacionales se esconden en paraísos fiscales”. “La posición original era la correcta, porque muchas veces el dinero sucio se esconde en paraísos fiscales, pero con la desesperación de la contracción económica buscan que venga quien quiera”.

El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Alarcón, valora como ‘positiva’ esta iniciativa, pues atraería la inversión. “Lo importante es que los fondos tengan un origen lícito y que en el país se paguen los impuestos. Concluimos que Ecuador solo perdía con esta normativa”.

Añadió que esta es “una señal positiva de pragmatismo, pues que haya derogado esta disposición debe ser porque seguro (el Gobierno) constató que era un impedimento para la venida de capitales”. (I)