Una escena digna de Macondo, el poblado de ficción del escritor colombiano Gabriel García Márquez, con un bebé llorando, perros ladrando y una fila india de colchones y estanterías que avanzan hacia el río entre árboles de banano, se repite en la frontera colombo-venezolana, pero no es realismo mágico, sino realismo puro.

La crisis comenzó el 21 de agosto, cuando entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la frontera, tras un ataque de desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio de Táchira y que Maduro atribuye al contrabando y al paramilitarismo colombiano.

“Nos tocó salir con lo puesto a las tres de la mañana. Nos vinimos antes de que nos deportaran”, dice Rosana Moreno, de 25 años y habitante de la barriada Mi Pequeña Barinas.

Publicidad

“La policía colombiana colabora, la venezolana no”, asevera la mujer, quien huía con sus dos hijos, mientras decenas de sus vecinos se quejaban de que militares venezolanos les habían quitado pertenencias y dado unas horas para irse de sus casas –marcadas con una D de deportados o una R de reubicados– antes de ser expulsados y sus viviendas demolidas.

“Empezamos a sacar las cositas (...), la gente se está llevando todo aquí por una trocha. Se llevan los muebles, escaparates, peinadoras, todo lo que puede”, relata con la voz entrecortada Virgélida Serrano, una humilde costurera de 60 años que habitaba en la barriada La Invasión, mientras caminaba por la orilla del río con una bolsa de ropa.

Los deportados son llevados a los refugios improvisados levantados en dos instalaciones deportivas, cuatro centros comunitarios y de ancianos en Cúcuta, donde reciben alimentos, colchones, frazadas y enseres de aseo.

Publicidad

El éxodo voluntario de unos 5.000, sumado a más de un millar de deportaciones, de los cinco millones de colombianos que viven en Venezuela, podrían agravar la compleja situación que enfrenta Cúcuta, que tiene más de medio millón de habitantes y se declaró el estado de calamidad ante la llegada de cientos de personas, la mayoría pobres o que quedaron despojadas de todo al huir.

“Las expulsiones colectivas son manifiestamente contrarias al derecho internacional”, resaltó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que refirió una situación de desalojos forzosos, familias separadas a causa de las deportaciones, personas que debieron partir sin sus objetos personales y viviendas demolidas.

Publicidad

El comisionado Felipe González, relator sobre derechos de los inmigrantes, expresó: “También nos preocupa que entre las personas deportadas se encuentran refugiados” del conflicto armado colombiano, al advertir que corren peligro si son devueltos a Colombia.

Rupert Colville, vocero del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a garantizar que los derechos humanos de todas las personas afectadas sean plenamente respetados. “Vamos a seguir de cerca la situación”.

Esta situación ha vuelto tensa la relación diplomática de Caracas y Bogotá, que el jueves llamaron a consulta a sus embajadores. El tema será tratado en reuniones extraordinarias por la OEA, mañana, y por la Unasur, el jueves.

El gobierno de Maduro, que vive una baja popularidad, crisis económica y encuestas desfavorables, se ha trenzado este año en peleas con los gobiernos de España, Estados Unidos, Guyana y ahora Colombia, siempre con el argumento de una conjura para derrocarlo.

Publicidad

Algunos críticos colombianos y opositores al régimen dentro de Venezuela dicen que esta medida es un intento de Maduro para desviar la atención de la creciente inflación y la escasez de productos, incluso para propiciar un aplazamiento de elecciones.

El cierre de los pasos fronterizos, que el viernes pasado Maduro amplió de seis a nueve municipios de Táchira, está generando pérdidas millonarias a empresas y comercios que operan en la región y se teme que, de persistir el cierre, la situación económica se agrave. Además, amenaza el sustento de decenas de miles de colombianos pobres.

Ayer, mientras Maduro viajó a China y Vietnam en busca de apoyo financiero, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se trasladó nuevamente a Cúcuta para atender personalmente la crisis humanitaria. (I)

400
Mil dólares diarios al menos se pierden por el cierre fronterizo. Entre 100.000 y 150.000 personas se ven afectadas.