(Actualizado a las 18:20)

​La jueza constitucional Paola Ayala negó este jueves la acción de protección presentada por la defensa de la periodista franco brasileña Manuela Picq,​ quien buscaba anular la cancelación de la visa de no migrante que se resolvió el 14 de agosto, un día después de las protestas en contra del Gobierno, en las que fue detenida.

Picq es pareja del presidente de la Ecuarunari Carlos Pérez Guartambel, opositor al gobierno y uno de los convocantes a las protestas de las últimas semanas.

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El abogado de Picq, Juan Pablo Albán, dijo que en la audiencia que se demostró que la revocatoria de la visa violó el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica.

"Este el más nefasto de los precedentes porque cualquier extranjero se encuentra en riesgo latente de ser expulsado en cualquier momento sin que las autoridades públicas puedan dar alguna explicación", dijo.

Señaló que Picq está en un limbo jurídico porque hay un juez que dijo que no puede ser deportada, un acto administrativo que debe investigarse por el que se canceló la visa. "Mientras no se resuelva la totalidad del proceso ella no tiene que irse pero al tiempo ella no tiene visado porque según la Cancillería puede expulsar a cualquiera".

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Albán explicó que la posición de la defensa es que el Estado violó los derechos de Picq, mientras la posición del Estado "es que tiene facultades discrecionales y estaba usando su soberanía estatal, olvidándose que la soberanía emana del pueblo, y parece que la jueza cree que es así".

Las autoridades cuestionadas fueron Juan Carlos Estrella Sanpedro, coordinador zonal 9 de la Unidad de Migración del Viceministerio de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores; María Landázuri, viceministra de Movilidad Humana de la Cancillería; y el canciller encargado Xavier Lasso. ​

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Resolución de jueza aún no está en firme

La resolución de la jueza Gloria Pinza de la Unidad Judicial Primera de Contravenciones aún no está en firme y espera un pronunciamiento del Ministro del Interior José Serrano ya que la decisión judicial del lunes de no deportar a la brasileña se elevó a consulta al secretario de Estado luego de su pedido.

Esto preocupa a Albán, quien dijo que esta consulta no tiene sustento porque fue derogada con la Nueva Constitución de Montecristi del 2008, aunque se mantiene en la Ley de Migración.

Explicó que antes los casos de deportación estaban a cargo de los intendentes de Policía bajo el mando del desaparecido Ministerio de Gobierno, pero con la nueva Carta Magna en su artículo 168, numeral 3, "ningún otro poder del Estado que no sea el jurisdiccional puede examinar decisiones de los jueces".

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A pesar de que el miércoles el presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jakh dijo que respalda en su decisión a la jueza Gloria Pinza por lo actuado en el caso de Picq, el ministro Serrano envió un escrito a la Unidad Judicial Primera de Contravenciones cuestionando la legalidad de la sentencia que declaró la no deportación.

"Es un caso jurisdiccional, ella ha tomado una decisión adecuada en derecho fundamentada, por lo tanto por qué tendría que tener algún tipo de sanción", reiteró Jalk, quien aseguró que esto demuestra que la Justicia es independiente. (I)