Las políticas de Estado sobre cambio climático serán reguladas “por primera vez” a través de una norma. Así lo plantea el proyecto de Código Orgánico del Ambiente, cuyo informe para primer debate fue aprobado el pasado miércoles por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.

Once artículos, de los 287 que la propuesta contiene, desarrollan la gestión y medidas que se deben adoptar para “enfrentar este fenómeno”, se indica en la argumentación del informe.

Allí se alude a la reciente encíclica emitida por el papa Francisco, que “reconoce expresamente la responsabilidad humana ante el cambio climático” y por la “degradación continua del medioambiente”.

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Las disposiciones constan en el Libro IV del proyecto, entre los artículos 230 y 240.

El 232 subraya su alcance: “Deberán incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en los procesos de planificación, planes, programas, proyectos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del Estado”.

Algunos ecologistas califican como ‘positiva’ la inclusión de este apartado en la propuesta.

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Natalia Greene, de la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), cree que esclarecerá ciertos procedimientos.

Sin embargo, advierte que no será la primera norma en contener el tema. Recuerda que el artículo 414 de la Constitución ya dispone que el “Estado adoptará medidas” para la “mitigación del cambio climático”.

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El proyecto sistematiza y actualiza varias leyes. Abarca temáticas como régimen forestal, áreas protegidas, manejo de desechos, zona marina costera, incentivos, entre otras.

El pleno de la Asamblea deberá conocer el informe para primer debate en la fecha y hora que establezca su presidenta, Gabriela Rivadeneira.

El vocero del colectivo YASunidos, Benito Bonilla, destaca que el articulado será ‘beneficioso’, pero cuestiona que se lo tramite con “tanta tardanza”.

Refiere que la Asamblea se comprometió a aprobarlo cuando en octubre de 2013 promulgó la declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera en un área del parque Yasuní, en el Oriente.

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Esto, por solicitud del presidente Rafael Correa.

“Es una propuesta que debía discutirse antes de siquiera pensar en explotar el Yasuní, no solo por ese tema, sino por todas las áreas protegidas que corren el riesgo de sufrir impactos ambientales derivados del extractivismo”, dijo Bonilla. (I)