Inconformidad es lo que tiene la familia del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, quien falleció en diciembre del 2010, por la “forma como se está manejando el caso”.

El pasado jueves en el ECU-911 de Samborondón, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, entregó el informe final de la Comisión Interinstitucional conformada por el Ejecutivo para investigar el crimen a su viuda, Patricia Ochoa, y a su abogado, Ramiro Román.

Pero Román indicó que, según el Decreto 1317, “el presidente de la República es quien debía entregar el informe”.

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“Se delegó a la ministra para que entregue (el informe) y recién en esa reunión nos enteramos que el 2 de julio fue enviado a la Fiscalía”, explicó la defensa de Ochoa, al detallar que la “indagación es reservada”.

Román señaló que harán una revisión profunda del texto, ya que si se ha enviado a la Fiscalía “existen puntos concretos por los cuales se va a investigar”.

“Se tiene que organizar la relación de amenazas y persecución al general Gabela y su familia y la relación de la denuncia sobre los helicópteros Dhruv con la muerte del general. Eso es lo que la familia ha pedido siempre que se investigue”, mencionó.

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En febrero pasado, Zúñiga dijo que el crimen de Gabela “no está relacionado con las denuncias públicas a la adquisición de los Dhruv” y que la causa “habría sido producto de la delincuencia común”.

“El 24 de junio conoció el informe el presidente, el 2 de julio se envía a la Fiscalía y luego se plantea esta reunión que se quiso hacer privada”, sostuvo Román al referir que la familia pide que el caso no se trate a “puerta cerrada”.

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El informe es extenso, dijo Román. Añadió que lo analizarán con la familia para “en su momento” dar un pronunciamiento. Esperan que la Fiscalía no “busque delitos menores”.

“Si pretenden proteger a alguien o a algo, que quede en los funcionarios que lo están haciendo, pero la familia actuará con objetividad, seriedad y verdad”, dijo Román. (I)