Las normas que tratan al internet como un servicio público y que impiden que las compañías alteren la velocidad o den prioridad a cierto tráfico en línea entrarán en vigencia el viernes después que un tribunal de apelaciones se negó a postergarlas.
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El fallo representa un revés para el sector, pero la litigación continuará. La corte aceptó la solicitud de la Asociación de Telecomunicaciones de que se agilicen los procedimientos y le pidió a ambas partes que presenten un orden del día para una sesión de información en dos semanas.
Las normas que tratan al internet como un servicio público y que impiden que las compañías alteren la velocidad o den prioridad a cierto tráfico en línea entrarán en vigencia el viernes después que un tribunal de apelaciones se negó a postergarlas.
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La organización asegura que presentó "27.834 pruebas del fraude electoral", y que el CNE no cumplió con el debido proceso de recepción de los documentos.
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