El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció hoy que la próxima semana visitará Perú, Bolivia y Ecuador para discutir con las autoridades de esos países estrategias para combatir conjuntamente a las organizaciones criminales que introducen inmigrantes de manera ilegal a Brasil.

Cardozo se reunirá con altos representantes de los tres países el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, aunque todavía no fue establecida la agenda detallada, confirmó a Efe la Asesoría de Prensa del Ministerio de Justicia de Brasil.

Ecuador, Perú y Bolivia son países donde los conocidos como "coyotes" tienen gran presencia y la mayoría de veces sirven de puente para la entrada de inmigrantes de naciones caribeñas, y en algunos casos africanas, a Brasil.

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"Necesitamos tener una acción de combate conjunta de nuestra Policía con otros países. Sin eso, será prácticamente imposible un enfrentamiento más duro como el que queremos contra esas organizaciones", subrayó el ministro durante una rueda de prensa.

El Gobierno brasileño informó de que reforzará la lucha al crimen organizado de personas sobre todo en Acre, amazónico estado fronterizo con Bolivia y Perú, y que en los últimos años se ha convertido en una puerta de entrada de inmigrantes haitianos al país suramericano, adonde llegan tras recorrer otros países vecinos.

De acuerdo con los datos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABI), divulgados por el diario O Estado de Sao Paulo, en los últimos cuatro años los "coyotes" facturaron unos 60 millones de dólares al facilitar la entrada ilegal de 38.000 haitianos a Brasil.

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El Ministerio Público pidió esta semana que el Gobierno se encargue de sustentar y atender a los cientos de inmigrantes que esperan en refugios en el estado amazónico de Acre por la legalización de su situación en Brasil para buscar trabajo en otras ciudades.

La demanda de la fiscalía también exige que el Gobierno combata el tráfico internacional de personas, reprima a los "coyotes" que se aprovechan de los inmigrantes y pague una indemnización de 50 millones de reales (unos 16,7 millones de dólares) al estado de Acre como compensación por daños colectivos por su omisión del problema. (I)