Diferentes gremios de jubilados se han reactivado a propósito de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, que rige desde el pasado 20 de abril.

Algunos movilizan a sus bases a las calles, otros organizan discusiones sobre su contenido o alistan futuras acciones.

Este segmento de la población de 65 años o más no se había manifestado así desde hace cinco años, cuando protestó por el aumento de pensiones.

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Ahora expresa su rechazo o apoyo a una norma que reformó la Ley de Seguridad Social en varios puntos, entre ellos el financiamiento del Estado a la seguridad social, el cálculo de las pensiones y el pago de los décimos. En su orden, se sustituyó el 40% del aporte por una ‘garantía’, se reemplazó el alza con base en un coeficiente por la inflación, y se cambió la obligación de recibir los décimos dos veces al año por una opción mensual.

Dos grupos empujan demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).

Uno está conformado por dos organizaciones y trece jubilados particulares, y otro por un colectivo que representa a 50 gremios, según su vocero.

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Pero las estrategias de rechazo difieren. En el un lado, donde está la Asociación de Jubilados Extrabajadores del IESS, se organizan plantones afuera del IESS y la CC, en Quito.

El del pasado miércoles fue el segundo, y el ‘compromiso’ es repetirlos todas las semanas hasta tener una respuesta favorable de la Corte. Lo afirma el presidente de la Asociación, Ramiro Montenegro (71 años). Admite que la concurrencia “no es masiva”, pero subraya que el descontento es mayoritario.

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La otra demanda la puso el Comité de Defensa del IESS, cuyo vocero, Édison Lima (76), afirma que la acción tiene el apoyo de los 50 gremios que integran el Comité. Él lidera la Asociación de la Dignidad de Extrabajadores, Pensionistas y de la Tercera Edad del IESS, y dice que no se prevén manifestaciones porque “lo correcto es seguir el trámite (en la CC)”.

Cuenta que el Comité se creó entre noviembre y diciembre del año pasado porque existía preocupación en las bases por el entonces proyecto de ley.

En Guayaquil, el Frente de Defensa de los Jubilados y Pensionistas del IESS del Guayas analiza el contenido de la norma con sus socios, según su presidente, José Hoyos (71 años).

En Ibarra existe un Frente de Defensa de la Seguridad Social desde abril pasado, cuando se dictaron charlas y se declaró a los asambleístas de Imbabura que votaron por la ley como “personas no gratas”, refiere un boletín del grupo.

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Este mes volverá a reunirse para “decidir las acciones a tomar”, informa uno de sus integrantes y docente jubilado, Luis Coral (63 años).

Hoyos, quien dirige el gremio en Guayas desde hace 20 años, opina que la norma ha despertado una ‘lucha’ que él no veía desde el 2010, cuando los jubilados se movilizaron a Quito para exigir a la Asamblea, presidida por Fernando Cordero (ahora ministro de Defensa), un alza de pensiones.

Y evoca otros momentos, como la huelga de hambre de varios días en el 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez; o las marchas en el 2001 por los efectos de la dolarización en sus jubilaciones, durante el régimen de Gustavo Noboa.

Hoyos cree que, hasta la fecha, no había ‘tropiezos’ con la administración de Rafael Correa y que por eso sus colegas estaban ‘tranquilos’.

El presidente de la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui, Gabriel Riera (71 años), discrepa y más bien advierte “situaciones politiqueras”.

Remarca que su gremio ha defendido otras causas, y agrega: Con la actual ley “no nos van a quitar un solo centavo”. (I)

Discrepancias
Por mensualización

Postura crítica
El dirigente Gabriel Riera, quien discrepa de las acciones de rechazo a la ley de sus colegas jubilados, sí coincide con los reparos hacia la obligación de formalizar la mensualización (con un formulario).

Propuesta
Él anuncia que presentará a la Asamblea una adenda a la ley para que los jubilados no tengan que hacer el trámite.