Quito-Miami

La Fiscalía abrió una instrucción por presunto lavado de activos en el Banco Territorial, la tarde del lunes pasado.

En audiencia pública realizada en Guayaquil, la jueza Guadalupe Manrique Rossi ordenó la prisión preventiva en contra del principal accionista del banco Territorial, Pietro Francesco Zunino Anda; el gerente general, Raúl Sánchez Rodríguez, y el venezolano Samuel Sánchez Boada; mientras que César Borja Farah tendrá que presentarse cada semana en la Fiscalía.

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Zunino Anda ya tiene una sentencia en su contra por peculado bancario, emitida en mayo del año pasado. Este proceso está actualmente con recurso de casación.

El empresario está radicado en Miami y el 22 de diciembre del 2014, hace unos cuatro meses, creó la corporación ZH Capital World Wide LLC, con sede en Coral Gables (Florida).

El abogado que registró esa empresa, Michael Cohen, confirmó a El Nuevo Herald que Zunino está en Miami y dijo que “si bien la corporación fue creada hace unos meses, esta no ha tenido ninguna actividad”.

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Sánchez Boada y Borja Farah están vinculados a empresas que obtuvieron fondos del sistema de compensación Sucre por supuestas exportaciones de Ecuador a Venezuela.

Sánchez está llamado a juicio por otro caso de supuesto lavado que involucra a dos exportadoras quiteñas, Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) y Prospermundo. Según reportes que constan en ese proceso judicial, recibió por lo menos $ 8,4 millones de varias exportadoras que negociaban químicos y máquinas.

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Además, el venezolano administraba la cuenta bancaria que abrió en el banco Territorial la empresa Salivam, desde la cual se transfirieron $ 3,05 millones en favor de Zunino Anda para que capitalice el banco.

La Fiscalía imputó a Borja Farah por su relación con la empresa Durcodor, que también aportó a Zunino con $ 3 millones. Esta compañía recibió $ 3,8 millones de Sucres en una cuenta del Territorial.

Tras el cierre del Territorial, la importadora Schloss de Venezuela reclamó, sin éxito, la suma de $ 3,8 millones que había entregado a Durcodor por la compra de unos productos que nunca llegaron a ese país. (I)