Sectores políticos, sociales y empresariales plantean iniciar un proceso de revocatoria de mandato para el presidente Rafael Correa y los asambleístas que votaron por la Ley para la Justicia Laboral aprobada el pasado viernes. Pero ninguno tiene pensado cómo y cuándo empezar las gestiones.

Marcelo Larrea, dirigente del movimiento Democracia Sí, indica que la responsabilidad de la ley, que a su criterio “descapitalizaría” al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), recae sobre el jefe de Estado, y es él quien debe responder ante la ciudadanía.

Larrea dice que para revocar el mandato de los legisladores se requieren miles de firmas, así que ese proceso es más difícil. “Pero la ciudadanía deberá identificar a todos aquellos que violentaron la seguridad social de los ecuatorianos”, dice.

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Jorge Escala, dirigente del movimiento Unidad Popular, pide a la ciudadanía apoyar la revocatoria de mandato.

Su agrupación anuncia diferentes actos entre ellos protestas en las calles. “Buscaremos apoyo para concretar la revocatoria de mandato del presidente Correa, no se puede burlar de los ecuatorianos”, expresó.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, hizo un llamado a los afiliados a ejercer su derecho constitucional a la resistencia.

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La Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y el Frente de Defensa de la Seguridad Social de Imbabura solicitarán la salida de Richard Espinosa del directorio del IESS. Señalan que si la institución ya no contará con el aporte del Estado no tiene sentido que tenga un representante.

El último grupo, además, resolvió declarar como “traidores a los legisladores” de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, presidida por la oficialista Betty Carrillo. (I)