De las 456 personas declaradas como víctimas de violaciones a los derechos humanos por la ya desaparecida Comisión de la Verdad que investigó casos ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008, 263 se registraron en la Defensoría del Pueblo (DP) para ser indemnizadas por el Estado ecuatoriano, como lo establece la Ley de Víctimas.