Visitar el país y mediar con el Gobierno se pide en la CIDH

Representantes de la sociedad civil ecuatoriana solicitaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite el país para que constate la situación de ciertos derechos e intervenga ante el Gobierno para que garantice su ejercicio.

Lo hicieron durante las audiencias públicas que el organismo celebra, en su sede en Washington, como parte del periodo de sesiones 154 que empezó el pasado viernes.

Ante el pleno de la CIDH, los peticionarios expusieron en dos diligencias temáticas asignadas para Ecuador.

En la primera, que versó sobre la libertad de expresión, participaron delegados de Fundamedios, la Pontificia Universidad Católica, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y Usuarios Digitales.

Ellos denunciaron los efectos de las leyes de Comunicación y Telecomunicaciones, y plantearon su preocupación por la “libre expresión en internet”.

Así lo afirmó el director de Fundamedios, César Ricaurte, quien comentó que las “agresiones a la libertad de expresión aumentaron un 46% entre el 2013 y 2014”, por la aplicación de la primera ley.

Y que también había más “amenazas” hacia usuarios de la red, “en los últimos meses”.

Su colega en Fundamedios, Mauricio Alarcón, refirió los casos de Crudo Ecuador, que cerró sus cuentas en Facebook y Twitter luego de haber recibido supuestas amenazas; la opositora Martha Roldós, quien denunció el “hackeo” de su correo; y la docente y dirigente Mery Zamora, quien dijo ser “víctima” de imágenes montadas.

Alfredo Velazco, de Usuarios Digitales, cuestionó la Ley de Telecomunicaciones porque “afecta el principio de neutralidad de la red”.

Esto, explicó, al permitir que los proveedores de internet restrinjan “determinados servicios y contenidos, lo cual afecta la circulación de opiniones”.

El caricaturista de EL UNIVERSO, Xavier Bonilla (Bonil), quien fue invitado por la UNP, cerró las ponencias con las solicitudes a los comisionados.

Entre ellas, que un grupo de trabajo visite el país, que se realice un estudio sobre la situación de los derechos digitales, y que se “recomiende al Estado” adoptar medidas para garantizar la libre expresión.

La segunda audiencia trató sobre los derechos del pueblo indígena shuar. Allí intervinieron delegados de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Asamblea de los Pueblos del Sur y miembros de la referida nacionalidad.

El shuar Domingo Ankuash denunció que el Gobierno “quiere convertir nuestro territorio en un distrito minero”.

Y que por eso, dijo, ha entregado concesiones a varias empresas, como aquella que ejecuta el proyecto Mirador.

Luis Corral, de la mencionada Asamblea, aseguró que la intervención minera está provocando una “escalada de violencia”, que pone en riesgo a los shuares. Dijo que tres indígenas han fallecido en los últimos años “al resistirse a esa actividad”.

Entonces pidió a los comisionados crear una veeduría que investigue dichas muertes, visitar el país y “exhortar al Gobierno” a cumplir con la tutela de los derechos colectivos.

Los miembros de la CIDH no emitieron un pronunciamiento final sobre las exposiciones, pero sí pidieron a los peticionarios que entreguen información.

La presidenta del organismo, Rose-Marie Antoine, lamentó la ausencia del Estado ecuatoriano, y dijo esperar que en un futuro envíe a su delegado. Es la cuarta ocasión que el régimen no asiste, según EFE. (I)

No vamos a asistir. Ya saben ellos que no asistimos a eventos que no corresponden a su propio reglamento. Además, ellos siguen sin atender información que nosotros requerimos”.Ricardo Patiño, Canciller