En las siguientes 72 horas, el juez de la Niñez y la Adolescencia, Raúl Reina, se pronunciará sobre la acción de protección que planteó la defensa de los estudiantes del colegio Mejía, sancionados por el Ministerio de Educación por participar en las manifestaciones del 18 de septiembre anterior.

El pronunciamiento se dará luego de que ayer se instaló la audiencia, dentro del trámite de la acción de protección, en la que la defensa de los jóvenes solicitó dejar sin efecto la sanción de separación del plantel para los seis demandantes y, por tanto, se les permita regresar a la institución educativa.

La acción está dirigida en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa; del rector del Mejía, Jaime Torres; y de Alejandro Valencia, presidente de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.

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Durante la diligencia, que se realizó a puerta cerrada, el abogado de los estudiantes, Gonzalo Realpe, alegó que con la decisión de sancionar a los alumnos, el Estado les negó el derecho a una educación de calidad. “El Estado ecuatoriano se sigue negando a concederles a estos jóvenes una educación gratuita oportuna, inmediata y de buena calidad y eso es una violación a la Constitución”.

Aunque los abogados del Ministerio de Educación, William Cuesta, y de la Procuraduría, María Cecilia Delgado, dijeron no tener autorización para dar declaraciones públicas, Realpe indicó que ellos defendieron la reubicación de los jóvenes.

Ellos, dijo Realpe, tratan de ‘ocultar’ a los jueces que algunos estudiantes remitidos al colegio Fe y Alegría no fueron recibidos por falta de cupo. Esto determinó que sean transferidos al colegio Irfeyal para que reciban clases a distancia.

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JÓVENES DEL MEJÍA
fueron sancionados con la reubicación en otros colegios y con continuar sus estudios a distancia.