La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya rechazó el pedido de recusación que formuló Ecuador contra los árbitros del proceso iniciado por la petrolera Chevron, a raíz del millonario juicio ambiental que perdió en el país, según informó la Procuraduría de Ecuador.

En un comunicado, el organismo, que actúa como abogado del Estado, dio a conocer la negativa de ese tribunal de recusar a los tres árbitros - dos ingleses y un argentino-, como había solicitado a finales de octubre por considerar que "no estaban actuando de manera imparcial, justa y equitativa".

"Esta decisión no limita los derechos del Ecuador a solicitar la anulación del laudo o laudos que se dicten dentro de este procedimiento, derechos sobre los que la defensa del Estado hace expresa reserva", indicó.

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Chevron planteó en 2009 un arbitraje internacional contra Ecuador, en medio del juicio que finalmente la condenó a pagar 9.500 millones de dólares por contaminación ambiental.

El fallo fue emitido en 2013 por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, tras un proceso de 21 años.

Chevron, que tilda de "fraudulenta e ilegítima" esa sentencia, intenta demostrar que le fue negado el derecho a la justicia y plantea que Ecuador asuma la millonaria indemnización a los indígenas y pobladores que denunciaron el daño ambiental.

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La gigante petrolera estadounidense inició el proceso de arbitraje alegando una violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) con Estados Unidos. La procuraduría de Ecuador insiste en que ese acuerdo empezó a regir en 1997, después de que Texaco dejó de operar en el país, en 1990.

Chevron compró Texaco, que se convirtió en su filial en 2001, y por eso es la firma que responde en este caso ante la justicia ecuatoriana.

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"Ecuador va a agotar las vías judiciales antes de tomar cualquier otra decisión. Pero el primer escenario que vemos es el de la anulación" del proceso, anticipó el procurador Diego García en una entrevista con la AFP.

Chevron asegura que Texaco cumplió con la reparación ambiental que le correspondía y que el daño es responsabilidad de la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio, y exhibe como prueba un acuerdo de liberación de responsabilidades suscrito en la época.