Salieron a las calles, paralizaron el tranvía, dejaron de iluminar las farolas del alumbrado público y con ello la ciudad se sumió en tinieblas, como indican el título y un artículo de EL UNIVERSO en la edición del 14 de noviembre de 1922. Poco a poco, el caos y el desorden se apoderaron de Guayaquil. No había agua ni transporte público. Los trabajadores de la conocida como Empresas de Luz y Fuerza Eléctrica y de la de Carros Urbanos se habían sumado al paro.

Junto con ellos estaban obreros, amas de casa, campesinos desempleados que habían migrado del campo a esta ciudad en la que se considera como la primera ola de migración del país, originada por la crisis del cacao –el precio mundial de este producto de exportación se redujo a la mitad tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918)–.

Sus demandas, que derivaron en una gran marcha que se realizó el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, eran mejores salarios y la reducción de las jornadas laborales, que se extendían hasta por doce horas. Además, a pedido de importadores e industriales, se demandó que por ley se incautaran los giros internacionales para evitar la especulación con su venta y la consecuente escasez de alimentos. Ya en las calles, la fuerza pública abrió fuego contra los manifestantes que pedían la liberación de los detenidos. El enfrentamiento dejó al menos dos centenares de muertos, aunque nunca se sabrá el número exacto, según estudiosos de los procesos sociales. “Los soldados salieron a hacer lo que sabían hacer: matar”, afirma el historiador Enrique Ayala Mora.

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Este hecho marcó el devenir de los movimientos obreros y el fin de una era, coinciden historiadores. El periodo liberal, sustentado en un modelo económico basado en la agroexportación de cacao, perdía vigencia, entre otros factores, por las presiones en las calles de organizaciones gremiales como la Confederación Obrera del Guayas (COG) creada en 1905, según el libro Ecuador: una nación en ciernes, de los historiadores Érika Silva y Rafael Quintero.

Desde entonces, la protesta social ha seguido una línea sinuosa con altibajos caracterizados por periodos en los que había mayor o menor represión de las manifestaciones por parte de las autoridades de turno.

Parte de su historia incluye enfrentamientos violentos con muertes, toma de instalaciones, paralización de servicios, bloqueo de vías y situaciones más particulares como huelgas de hambre, que han implicado en su momento reivindicaciones que hoy se dan por sentadas como la jornada laboral legal de ocho horas diarias, establecida por ley en octubre de 1928.

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A las protestas callejeras se suma otro hito, el del 28 de mayo de 1944 ocurrido en Guayaquil. El sociólogo Willington Paredes cuenta que esta revuelta respondió a una reacción política contra el totalitarismo que había caracterizado al gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río: “Un régimen que controlaba todos los poderes... (el presidente) se daba el lujo de maltratar a sus opositores. Desterró, por ejemplo, a (José María) Velasco Ibarra”, dice Paredes.

Este hecho, conocido como La Gloriosa y que implicó enfrentamientos de los ciudadanos con la Policía y toma de cuarteles, terminó con el derrocamiento de Arroyo del Río.

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El descontento en las calles volvió a resurgir en la década del sesenta con la crisis del precio del banano, el nuevo producto estrella de exportación. Era un Ecuador con organizaciones gremiales más organizadas. Estaban la Cedoc (Confederación de Obreros Católicos), creada en 1938, y la CTE (Confederación de Trabajadores del Ecuador), que surgió en 1944.

Ayala cuenta que durante esta década tuvo un auge la protesta estudiantil. “Casi todos los días la movilización estudiantil paralizó a las ciudades, no solamente a Quito y Guayaquil, sino a Cuenca y, en algunos casos, a Portoviejo y Loja. Entonces esto creó una especie de tendencia general hacia las expresiones de rechazo a las políticas de los gobiernos”, afirma Ayala.

La unión bajo un frente común se dio en la década siguiente con la irrupción del petróleo y en medio de una dictadura militar. En 1975 confluyeron las tres centrales sindicales para conformar el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

“Se tienden puentes entre la clase media, el movimiento obrero, los maestros, los estudiantiles, los campesinos y sectores profesionales. Lo que da a la protesta social mayores posibilidades de negociación ante el poder”, dice Paredes.

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Desde entonces las organizaciones alcanzan un mayor poder de veto con paralizaciones de servicios que se mantuvieron en las décadas del ochenta y noventa: “Los años 70 y 80 fueron los años de más acción del FUT, que con el neoliberalismo y la crisis del Estado perdió importancia y vino (en los años 90) la protesta social desde el movimiento indígena”, explica Ayala Mora.

De las revueltas indígenas y protestas urbanas que caracterizaron el final del siglo XX e inicios del actual llega el periodo del presidente Rafael Correa, quien tiene previsto presentar este 15 de noviembre una segunda propuesta de reformas al Código de Trabajo. El primer intento ha sido cuestionado por dirigentes laborales .

Historiadores y activistas de derechos humanos coinciden en que el régimen actual ha llegado a criminalizar la protesta social. Un comunicado del 20 de octubre pasado de la ONG Human Rights Watch determina que durante las protestas del 17 y 18 de septiembre pasado más de 270 personas fueron detenidas. De las que más de 100 fueron procesadas por delitos como “ataque o resistencia” a la autoridad y “daño a bien ajeno”.

Ayala evalúa el cambio de época: “Antes era muy común que quienes protestaban fueran presos dos días y 30 sucres de multa, pero ahora tenemos prisiones de 8 años, de 2 años, tenemos la declaratoria de que quienes protestan son terroristas”.

Elsie Monge, representante de la Cedhu
‘Son una fuerza contestataria’
“El 15 de noviembre de 1922 fue un despertar político de la clase trabajadora (...). Desde entonces, la evolución de la protesta social no ha ido en línea recta. Hay momentos de ascenso, pero en otros periodos se ha dado mayor represión (...). Lo importante de estos procesos es que los trabajadores saben la importancia de estar organizados para conformar una fuerza contestataria al poder, que ha crecido durante los años”.

Pablo Serrano, dirigente laboral
‘Sigue la práctica de dividir’
“Históricamente, los gobiernos en el Ecuador no han visto con buenos ojos que hagamos uso de la protesta social, pero lo que sí nos causa sorpresa es que en este Gobierno, que dice ser revolucionario, socialista (...) se persigue a los dirigentes sociales de una manera mucho más fuerte, se encarcela a los dirigentes (...). La política de dividir y desprestigiar al movimiento sindicalista es una práctica que aún se mantiene”.

Billy Navarrete, activista de derechos humanos
‘Expresión ante las negaciones’
“La protesta social es el ejercicio cabal de un derecho humano que ha sido ejercido como parte de la naturaleza humana. Una de las características es su progresividad que hace que, en distintos momentos de la historia, el ser humano se enfrente a estas injusticias. Este ánimo está en el centro del ejercicio de derechos humanos. Ese reclamo permanente es la expresión de una historia de negaciones”.