La propuesta de que las operadoras telefónicas privadas paguen anualmente un porcentaje de sus ingresos al Estado en función de su participación en el mercado fue el tema sobre el cual giró el primer debate del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, desarrollado ayer en la Asamblea, suspendido tras más de tres horas de análisis.

Según el artículo 34 de la iniciativa del movimiento AP, el pago iría de acuerdo a una tabla, del 1% al 9% cuando la participación de mercado vaya de 35% a más del 75%.

Según cifras a septiembre, de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), Conecel (Claro) mantiene un 68,31% de participación, Otecel (Movistar) un 27,86%, y la CNT-EP, un 3,83%.

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Richard Calderón, asambleísta de AP y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que elaboró el informe para primer debate, dijo que la normativa no está dirigida a ninguna marca, ni nombre, sino al operador que tenga mayor participación en el mercado. De aprobarse la normativa, Calderón agregó que el pago sería de aproximadamente $ 115 millones anuales.

A decir de Henry Cucalón, legislador del PSC, el proyecto de ley es una oportunidad para alimentar las arcas fiscales “afectadas por el desmesurado gasto público...”. Añadió que, para el efecto, se están utilizando “prácticas discriminatorias y con dedicatoria”.

Para Teodoro Maldonado, director jurídico de Conelec (Claro), el proyecto de cobrar regalías estaría dirigido solamente a esta empresa. Acotó que hay contratos de concesión, suscritos en el 2008, “que se estarían alterando (...) con unas regalías de esta naturaleza”.