Ministra de Justicia rechazó informe de Human Rights Watch

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, rechazó el informe de la organización internacional Human Rigths Watch (HRW) que denunció la excesiva fuerza policial durante las manifestaciones del 17 y 18 de septiembre pasado contra estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar en Quito, por lo que anunció una respuesta formal por parte del Gobierno.

Vea también: Ecuador niega torturas a manifestantes y pregunta quién financia a Human Rights Watch

La secretaria de Estado desestimó el informe sobre todo por el origen de quien lo presenta dijo, pues afirmó que el representante de la ONG, José Manuel Vivanco, “responde a intereses de generar y lograr que la imagen de nuestro país, internacionalmente, se desgaste”.

Zúñiga indicó que las fuentes que se citan en el informe son generales, vagas, referenciales, se habla de testigos y abogados, pero no se refiere quiénes son, tampoco se incluyen las fechas de las entrevistas a las supuestas víctimas, y a los documentos a los que dice haberse basado el informe.

Además de que las fuentes no están singularizadas en el informe de HRW, lo cual da cuenta que obedece a un criterio personal, sesgado, subjetivo, pues se hacen contradicciones como decir que los detenidos no tuvieron acceso a los abogados, cuando en el acta del 19 de septiembre, existe la firma del abogado Julio César Sarango.

También añadió que hay una afirmación maliciosa referente al informe de la Cruz Roja asegurando que se ha filtrado el resultado médico, cuando “he sido yo quien en rueda de prensa he informado sobre su contenido".

Insistió que el informe forma parte de una cadena de intenciones que quieren perjudicar la imagen del Estado, y que “como Estado soberano no vamos a permitir más intromisiones en este sentido, sobre todo, de organizaciones y de gente que ha sido duramente criticada”, afirmó.

La ministra de Justicia dijo desconocer quién dio la orden del trasladado de los detenidos primero a la Unidad de Policía Comunitaria de la Basílica (centro histórico) y luego al Regimiento Quito, pues dijo que ella solo conoce del caso, cuando los adolescentes llegaron a la Unidad de Flagrancia.

Vea también: Instan a ministro José Serrano a investigar denuncia de excesivo uso de la fuerza policial

En tanto que el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, dijo que si en el informe de la Cruz Roja se grafica posibles violaciones o afectaciones en la integridad de los detenidos, tienen derecho a presentar acciones legales. "Por lo tanto, hay varias vías jurídicas para investigar lo uno y lo otro".

Explicó que lo uno ha sido investigado bajo el debido proceso y se han determinado responsabilidades incluso por aceptación de responsabilidad de aquellos que fueron más allá de sus derechos y cometieron delitos; y lo otro, si es que alguien vulneró más allá de su derecho de controlar el orden público también deberían presentarse las denuncias.

Manifestó que hay dos temas que no podían quedar en la impunidad que son los atentados contra el bien público y contra los policías que estaban cumpliendo con su deber, "y por supuesto, alguna infracción que pudo haber cometido un policía debería investigarse, pero todo sustentados en informes médicos".