La unidad judicial de Tena se edifica en un barrio suburbano, en el sur de la ciudad. Los trabajos, que estaban suspendidos desde mayo pasado, se reanudaron la semana pasada.

La directora general del Consejo de la Judicatura (CJ), Andrea Bravo, visitó la obra el miércoles anterior e indicó que, a pesar del incumplimiento en el cronograma, la construcción seguiría a cargo del mismo contratista, Wladimir Ortega Rodríguez. Él recibió el contrato por $ 11,4 millones de manera directa, sin licitación, durante la emergencia judicial. El entonces director general del Consejo de la Judicatura de Transición, Mauricio Jaramillo Velasteguí, le adjudicó la obra.

El contrato, fechado el 12 de diciembre del 2012, establecía un plazo de nueve meses; es decir que la obra tenía que estar lista en agosto del 2013.

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Bravo advirtió que aplicará las multas legales y ofreció que la unidad estará habilitada el próximo 15 de diciembre.

La razón por la que se suspendió la obra en mayo no es pública. EL UNIVERSO tramita una entrevista con las autoridades del CJ desde el 3 de septiembre pasado para conocer el estado actual de la emergencia judicial, pero no ha recibido una respuesta concreta.

Este Diario también intentó contactarse con Ortega en la oficina donde trabajaba, la 614 del edificio Amazonas, en el norte de Quito. Este inmueble desapareció por una remodelación en marcha. En lugar de la amplia oficina, ahora hay siete dependencias pequeñas.

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En la emergencia judicial, Ortega también recibió el contrato para remodelar la unidad de Loja, por $ 7,9 millones. Por esta obra, el constructor planteó una demanda judicial en contra de la directora general del CJ, el 30 de julio pasado.

Ortega solicita que se firme el acta de entrega definitiva de este contrato, argumentando que la entrega provisional se realizó en diciembre del 2013 y que las correcciones exigidas ya están hechas. La demanda aún no ha sido contestada.

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En el expediente judicial consta una escritura pública realizada por Ortega en Miami, Florida (Estados Unidos), el 5 de junio pasado, mediante la cual le entrega un poder especial a su abogado. Este Diario intentó contactar sin éxito al jurista en los teléfonos que aparecen en los membretes de sus escritos y en su página web.

Ortega también firmó el 22 de julio, en Miami, una declaración juramentada en la que indica que no ha sido declarado contratista fallido por ninguna institución del Estado.

En Quito se plantearon tres demandas laborales en contra del constructor. Una llegó a un acuerdo por el cual el abogado de Ortega se comprometió a pagar en su nombre $ 6.600 a un exempleado con la entrega de dos peceras.