Por las angostas calles de Quinchuquí, comunidad de Otavalo habitada por unas 480 familias de mayoría indígena, transitaba L. G. hasta hace dos años, cuando partió rumbo a Chile acompañado de una pareja de otavaleños. Tenía 13 años y se fue con la autorización de sus padres, ambos sordomudos, quienes se quedaron con sus cinco hijos.

No supieron de él sino hasta fines de julio pasado, cuando un canal de televisión de Chile difundió una entrevista suya al ser identificado como una supuesta víctima de trata de menores, caso que investigan autoridades de ese país.

“Yo dormía al lado de un furgón, en una cama como colchón (...). Cocinaba de mañana café y lavaba los platos, después tomaba un té, y salía como a las 10 de la mañana a ambular (trabajar como vendedor ambulante) todo el día”, relata el menor a Chilevisión.

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La televisora señala que el caso se conoció el pasado 18 de julio, en Santiago, cuando la Policía irrumpió en la casa donde el menor residía con la pareja que lo llevó como turista y que está bajo arresto domiciliario. Según el canal, el menor cargaba cerca de 40 kilos en artesanías que vendía diariamente.

“Lo vi más de tres meses con la misma ropa (...), mal comido, yo le daba desayuno de repente, un sándwich cuando pasaba la tarde”, dice al canal José, chileno que denunció el caso. “Quiero llegar hasta el último para que paguen (los presuntos culpables) lo que hicieron (al menor)”, agrega.

Es una situación que, probablemente, experimentan otros menores de esta y otras comunidades de Otavalo y Cotacachi, en Imbabura, desde donde parten hacia Brasil, Colombia, Chile o Venezuela con la responsabilidad de aportar para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

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La hermana de 19 años de L. G. cuenta que este viajó para reunir dinero y comprar un terreno y construir una casa para sus padres y cinco hermanos, el mayor, de 21 años, también sordomudo. “Ofrecieron pagar $50 mensuales durante cuatro años. Solo pagaron $ 200 desde que se fue y ahora nos enteramos de que ha sido esclavo”, dice la joven que labora planchando cobijas.

Las víctimas son generalmente adolescentes y han partido acompañadas de padrinos, tíos o vecinos, para cumplir acuerdos de trabajo durante dos y cuatro años. Cuando los padres, desde Ecuador, no reciben las remuneraciones pactadas sienten que tienen derecho a reclamar y algunos han puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía provincial.

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Gustavo Pareja, alcalde de Otavalo, y funcionarios de la Fiscalía dicen no haber tratado el caso de L. G. porque no hay denuncia. Marianela Morales, directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), agrega que es un caso especial, por lo cual no puede dar declaraciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile informó que el pasado 19 de agosto presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el supuesto delito de trata de personas, en grado de consumado presuntamente contra el menor. Añade que el niño pidió a los imputados regresar a Ecuador con sus padres, a lo que estos se habrían opuesto.

La hermana de L. G. expresa que sus padres y ella están tranquilos, ya que la noche del pasado martes se comunicó por videollamada con la mujer que se llevó a su hermano. “Ella dijo que un señor chileno lo está cuidando, que no me preocupe que ya van a venir en quince días con mi hermano y que el dinero del trabajo sí le van a pagar”.

Rafael Conejo, dirigente de Quinchuquí, comenta que los casos de trata de personas no son frecuentes. “Tal vez haya dos al año, han llevado, han respondido y han traído a los adolescentes”. Refiere que las familias de los menores que viajan y enfrentan condiciones que atentan sus derechos no denuncian porque las personas que los llevan son tíos, compadres o vecinos que se ganan la confianza de los padres.

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Denuncias por supuesto delito de trata de personas se han reportado desde el 2011 con adolescentes de Imbabura. Ese año, tres jóvenes de 13, 15 y 16 años, de la comunidad Cuicocha Pana, Cotacachi, fueron llevadas a Brasil donde les ofrecieron pagar 170 reales (unos $ 150 mensuales). Tras un año, la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, con apoyo de la Interpol, recuperó a las jóvenes de 15 y 16, esta última en estado de gestación. Se desconoce si la de 13 volvió a su comuna.

Por este caso fue apresada una mujer que supuestamente tenía a las menores trabajando como empleadas domésticas y vendiendo objetos en las calles y en malas condiciones. Su esposo recibió orden de prisión.

En el 2012, las autoridades recuperaron a un adolescente en Brasil y lo llevaron a la comunidad San Rafael en Otavalo. En el 2013, Mayra y Miriam, de 16 años, de Cotacachi, viajaron a Venezuela; tras su retorno se detuvo a L. V., pero su orden de prisión fue revocada y no recibió condena.

Lo que dice la querella
La jornada de trabajo del niño era de 08:00 a 20:00, sin día de descanso. Preparaba el desayuno, lavaba los utensilios, luego salía con un bolso con prendas de vestir, cerca a Santiago, a fin de venderlas en forma ambulante. Entregaba todo el dinero de la venta a los imputados, sin recibir pago.

 

Ofrecen pagos y no cumplen (...), traían muchachas por dos o tres años y cuando se cumplía el tiempo les acusaban de que han perdido mercadería y por eso no les pagaban”.Comerciante de Otavalo