Érika L. llegó de Santa Elena a Guayaquil la mañana del viernes. Fue a la Defensoría Pública para conocer si su pariente puede acogerse al principio de favorabilidad para recuperar su libertad, tras un año y siete meses de estar preso por drogas. Con el extinto código lo sentenciaron a cuatro años de cárcel por 21 gramos de marihuana.

La pena por esa cantidad con el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) –vigente desde el pasado 10 de agosto– es de 2 a 6 meses de prisión, según las escalas del art. 220. Al principio de favorabilidad pueden aplicar quienes estén cumpliendo penas superiores a las que ahora establece el marco legal.

Solo en Guayaquil, hasta julio pasado, entre 800 y 900 internos de cerca de 9.000 de las 3 cárceles para adultos que hay en la urbe (2 de varones y 1 de mujeres) se beneficiarían con este principio. El número aumentaría dependiendo del crecimiento de la población carcelaria en este mes que fenece.

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A esa cifra promedio en Guayaquil llegó la Defensoría Pública el mes pasado cuando hizo un censo y revisó expedientes de los internos, como parte de la campaña informativa que la entidad sigue a nivel nacional.

“Hemos realizado las entrevistas pertinentes, asesorado a las personas privadas de libertad, y ya estamos en el proceso de presentación de escritos en los juzgados, para que en algunos casos se rebajen las penas y en otros ya se ordene la libertad de las personas”, afirmó Pablo Corrales, defensor Provincial.

No todos los sentenciados por drogas serían beneficiados porque hay quienes superan las cantidades fijadas en la gran escala (art. 220). Algunos de ellos, en cambio, podrían pensar en las rebajas de penas y en otros beneficios carcelarios, dependiendo del tiempo que lleven recluidos, indicó Corrales.

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La Defensoría Pública está dando prioridad a casos considerados especiales, a grupos vulnerables (como personas con discapacidad), a mujeres y a quienes se encuentren en la mínima escala. Luego, con la mediana y alta escala.

No solo el delito de drogas aplica para este principio, también está el de la tenencia de armas y otros, para los que esta entidad hará otra campaña.

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Según la Defensoría Pública (que da asesoría legal y patrocina casos), el trámite no tiene costo. Cualquier abogado en libre ejercicio puede realizarlo.

La diligencia se hace en la ciudad en la que está el privado de libertad, no importa si fue sentenciado en otra. Tras presentar la demanda se fijará la fecha para la audiencia en la que se solicitará la aplicación del principio. Este proceso dura un promedio de 15 días.

Los jueces de garantías penales del lugar en donde esté el interno son quienes deben conocer estos procesos, ante la falta de los de garantías penitenciarias, que aún no los designan.