La Superintendencia de Comunicación (Supercom) espera llegar a “consensos” con las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial para reformar la Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde junio del 2013.

Ayer, el superintendente de la Comunicación, Carlos Ochoa, señaló que el 1 de septiembre estaría listo el borrador del proyecto de reformas, mientras que el 15 de octubre, cuando se cumpla el primer aniversario de la creación de la Supercom, las entregaría al Legislativo para su debate y aprobación.

“En la aplicación de la ley hemos observado que no existe dosimetría entre la falta y la sanción”, justificó.

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Pero negó que se busque endurecer las sanciones por infracciones a la norma; al contrario, dijo, el objetivo es que tengan “proporcionalidad”. Como ejemplo citó: “No puede ser que el linchamiento mediático que puede acabar con la honra y la vida sea únicamente sancionado con una disculpa pública”.

Esta infracción está contemplada en el artículo 26 y como sanción se plantea una disculpa pública de quienes divulgaron la información, que debe ser publicada en distintos días, en los mismos espacios.

Otra reforma sería otorgarle capacidad coactiva a la Superintendencia porque, a juicio de Ochoa, esta es una de las atribuciones que tienen varias entidades que forman parte de la Función de Transparencia.

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Meses atrás, el funcionario ya hizo un pedido en ese sentido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP).

Ochoa puntualizó que estas no serán reformas radicales, pero recalcó que aspiran a que “no existan medios que violen de manera reiterada la ley, y a los que simplemente se les pueda llamar la atención. Creemos que debe existir algún tipo de sanción que vaya de manera progresiva evitando estas continuas faltas”, indicó.

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El Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) también podría plantear otra reforma para aclarar el uso de la rectificación o réplica en los medios de comunicación.

Paulina Mogrovejo, vocal del organismo, detalló en una entrevista con EL UNIVERSO, que “se necesita una ampliación a este derecho para saber cuándo, dónde, cómo, quién, en qué espacios debe garantizarse”.

Según opinó, debería definirse el uso de estas figuras, ya sea en los espacios contratados o “cuando un ciudadano solicita la réplica y lo que hacen es ponerle en ‘Cartas al director’ o transcriben su pedido”.

La programación intercultural es tan, tan baja, que podríamos alertar que los medios de comunicación tendrán serios inconvenientes para cumplir con esta obligación”.Romel Jurado, jurista