El análisis de cada contenido divulgado por la radio, por la televisión y por la prensa escrita le costó al Estado $ 23,80, informó ayer Romel Jurado, exasesor de la Asamblea que trabajó en la elaboración de la Ley de Comunicación y que ahora es contratista de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) para evaluar el cumplimiento que hace la prensa de la norma.