La queja por un supuesto incumplimiento de las normas y procedimientos constitucionales y legales sustenta los tres recursos (aclaración, ampliación y nulidad) que planteó la dirigencia indígena de Cotopaxi, en un intento por dejar sin efecto el fallo de la Corte Constitucional (CC) que, según este sector, elimina competencias a la justicia indígena.

La dirigencia espera una respuesta positiva de la CC; caso contrario acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues creen que el fallo vulneró las normas internacionales, que otorgan jurisdicción a la justicia indígena, en delitos contra la vida.

El recurso fue planteado por los abogados Raúl Ilaquiche y Carlos Poveda, acompañados por la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán. Se lo hizo a nombre de Víctor Olivo, quien planteó la acción extraordinaria de protección, en el 2010.

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En el escrito se solicita a los jueces constitucionales que fundamenten y aclaren el significado jurídico y antropológico de lo que implica un conflicto interno en una comunidad, así como el alcance de las normas de la Ley de Comunicación, referentes a la censura previa.

También deberán aclarar si la resolución de la CC permite o no la reactivación de los juicios penales que se instauraron en contra de los dirigentes de la comunidad de La Cocha y de cinco jóvenes ajusticiados por el supuesto delito de asesinato.

Además, piden declarar la nulidad de todo lo actuado por la CC porque la sentencia no cumplió el artículo 66 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

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Dicha norma determina que la sentencia debía ser transmitida de forma oral y motivada en la comunidad y en presencia de los demandantes y de la autoridad indígena, a través del juez ponente o su delegado.

La notificación con la sentencia, de más de 70 páginas, dijo Poveda, se cumplió el pasado jueves. Por tanto, les preocupa que una vez resueltos los recursos, se reactiven los procesos, ahora en suspenso.

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Para Ilaquiche, el fallo constituye un retroceso en el reconocimiento de los derechos indígenas en los últimos 15 años. A juicio del presidente de la CC, Patricio Pazmiño, “este pronunciamiento ligero e irresponsable (...) pretende perjudicar a las comunidades porque desconoce la vigencia del sistema de administración de justicia indígena en el Ecuador”.

Versiones
SOBRE DICTAMEN

Presidente de la CC
El titular de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, negó que esta haya limitado los derechos de las comunidades indígenas. “Se ha politizado un tema que debería tener un tratamiento serio”, afirmó.

Abogado
El abogado de los indígenas, Carlos Poveda, insistió en que se debe determinar responsabilidades por la demora en el trámite del caso y por la inasistencia de dos jueces constitucionales en la votación.

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