Las autoridades judiciales reaccionaron en defensa de la administración de justicia, cuya independencia fue cuestionada por un estudio elaborado por fundaciones de los Estados Unidos, Colombia y Perú.

Dicho estudio, de las ONG Debido Proceso, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, y el Instituto de Defensa Legal, en su orden, concluyó que el Gobierno ecuatoriano “ha presionado” a jueces dentro de procesos de relevancia política.

Ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, rechazaron el informe elaborado por el jurista Luis Pásara.

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Pásara fue consultor del Ministerio del Interior cuando su titular era Jalkh.

“Se debe establecer primero quiénes son los que financian dichos informes y cuáles son los objetivos que buscan estas organizaciones. ¿Quiénes les pagaron?”, sostuvo Jalkh.

Para Ramírez, el estudio “no tiene un carácter técnico-jurídico” y no aporta al proceso de reforma de la justicia en Ecuador. Por ello, dijo, el autor del documento debió indicar los intereses de las organizaciones que lo auspician y que no representan el sentir del pueblo ecuatoriano.

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Además, aseguró que el informe no explicó los criterios jurídicos o académicos que sirvieron para seleccionar los casos en los que supuestamente existió presión a los jueces y más bien, dijo, reprodujo criterios de personas procesadas, sin considerar a la contraparte o las motivaciones de los jueces.

El informe revisó doce casos iniciados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y otras movilizaciones sociales.