La Fiscalía de Santa Elena inició ayer la indagación previa para establecer posibles responsabilidades por el ahogamiento de tres bañistas en la comuna Montañita, el pasado 19 de julio.

Lo que se busca es determinar cómo ocurrieron los hechos, explicó el fiscal provincial Víctor Tomalá.

Manifestó que se investiga si existió un presunto delito por homicidio inintencional, en este caso, por supuesta “omisión”, que quiere decir la “negligencia de las autoridades que debieron tomar precaución y haber contratado los salvavidas”, detalló Tomalá.

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El delito está tipificado en el art. 460 del Código Penal, en el que se establece que los culpables deberán cumplir con prisión de tres meses a dos años y multa de $ 8 a $ 31.

El fiscal aseveró que Dionicio Gonzabay, alcalde de Santa Elena, fue llamado a una comparecencia prevista para mañana, a las 10:00.

Douglas Dillon, director de la empresa municipal Emuturismo, deberá rendir su versión el jueves a la misma hora. Ese día también será citado Vicente Jácome, capitán del Puerto de Salinas.

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Este proceso surge una vez que el ciudadano Edwin Santos Aragón presentó una denuncia por una supuesta negligencia de las autoridades de control.

El día que se ahogaron los tres turistas que habían llegado por vacaciones desde la Sierra había un oleaje anunciado por el Instituto Oceanográfico de la Armada. Junto con ellos fueron arrastrados por la corriente otros ocho bañistas que lograron salvarse.