Entre el 2007 y el 2013, 7.248 denuncias de presuntos actos de corrupción llegaron a la Fiscalía General y al Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Las cifras están en los informes presentados en marzo por las entidades al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Fiscalía recibió 3.170 casos de posibles delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y cohecho: 3.173 están en indagación previa y 206 tienen sentencia condenatoria (cifras no cuadran). En el CPC se han tramitado 4.078 denuncias: 497 están en patrocinio. Las demás, archivadas o rechazadas.

El mecanismo evalúa el sistema anticorrupción del país y cuestiona la tardanza en el tratamiento de las denuncias.

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Esto ya lo había expresado el contralor Carlos Pólit, al lamentar la lentitud al procesar 1.300 informes con indicios de responsabilidad penal presentados en cinco años. Desde la Fiscalía dijeron al Comité de Seguimiento que las indagaciones previas tardan “de uno a dos años” y que estaban implementando mecanismos para reducirlo a “seis meses”.

Días atrás, el fiscal Galo Chiriboga dio el diagnóstico sobre esos informes de Contraloría: el 5% está en instrucción fiscal, 7% con auto de llamamiento a juicio, 14% con sentencias y 38% en indagación previa.

En el seno del mecanismo de la OEA, esas entidades acordaron métodos de trabajo. De ahí que Chiriboga le ofreciera a Pólit organizar un grupo conjunto de monitoreo y desarrollar un sistema informático sobre el estado procesal de las causas.

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“La ciudadanía nos presiona: nos dice qué pasa en la Contraloría, qué pasa en la Fiscalía y ahí están los nudos críticos. La justicia todavía no funciona”, dice Marcela Miranda, del CPC. Y atribuye otra causa: “Cuando los veedores solicitan información no se les entrega. En la Fiscalía hay un obstáculo, no hay una tramitación adecuada y se arma un cuello de botella”.

El presidente de la mesa de Fiscalización de la Asamblea, Gabriel Rivera (AP), anuncia que citará al fiscal. “El contralor dice que cerca de 1.300 casos están en la Fiscalía, y tengo unos 12 casos de peculado bancario (en Fiscalía) que no han tenido un procedimiento ágil”.