“Amenazados e invadidos” en sus territorios. Así dicen sentirse algunos habitantes de la población quichua Llanchama, ubicada entre los bloques 31 y 43 del parque Yasuní, según contó Olmer Manchoa, representante de 22 de los 65 socios de esa comunidad.

El 2 de enero pasado, la Secretaría de Hidrocarburos asignó el bloque 43 a Petroamazonas para que se realice exploración y explotación petrolera.

Manchoa refiere que Petroamazonas y la subcontratista Geolagos están desarrollando algunas actividades sin el “consenso” de Llanchama.

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“Lo que hemos recibido son amenazas igual de parte de las empresas por hacer resistencia”, manifestó.

Presentar ante los medios el testimonio de habitantes de las comunidades que se verían perjudicadas por la extracción petrolera es parte de la estrategia del grupo YASunidos y otros afines, como Resiste Yasuní de Guayaquil, para defender su derecho constitucional a pedir una consulta popular.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara casi 240.000 firmas entregadas por el colectivo, este convocó a jornadas de resistencia a nivel nacional.

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Ayer, por ejemplo, se desarrollaron plantones en los exteriores del CNE en Quito y de la Delegación de Sucumbíos.

Anoche el pleno del CNE resolvió no dar paso al pedido de consulta popular solicitada por el colectivo YASunidos, debido a que no reunieron el mínimo de las firmas que establece la ley.

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De acuerdo con los informes técnicos y jurídicos, el colectivo debía reunir 583.324 firmas equivalentes al 5% del último padrón electoral, pero solamente alcanzó 359.761, según señaló el CNE.