Ante el foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) instalado ayer en Washington, el representante de Ecuador, Marco Albuja, puso al país como modelo en cumplimiento de garantías y en el desarrollo y aplicación de nuevos derechos sociales y económicos.

​El funcionario cuestionó el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013, en especial el capítulo que se refiere a la Relatoría para la Libertad de Expresión por el "manejo de la información, sesgos y cantidad de imprecisiones evidenciadas en sus 634 páginas".

​"El Estado ecuatoriano ha elaborado una aclaración pormenorizada de cada una de las erradas interpretaciones que ha realizado la Relatoría con respecto al Ecuador, y tal como hiciera el año anterior las entregará por escrito a la Comisión y a todos los Estados Miembros con la petición expresa de que la CIDH rectifique el contenido de su información preliminar", leyó Albuja.

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Sobre las supuestas declaraciones estigmatizantes, medios públicos y cadenas presidenciales, y las supuestas amenazas y agresiones, Albuja indicó que "toda esta información ha sido reiteradamente desmentida por el Estado ecuatoriano y sin embargo, el Informe de la CIDH vuelve a incorporar datos que no han sido contrastados y los presenta de una manera sesgada y tendenciosa".

Para el Gobierno ecuatoriano existen dos señalamientos de la CIDH que deben ser eliminados del informe 2013 porque son falsos y tienen mala intención: La demanda penal del exasableísta de Pachakutik Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa contra el presidente Rafael Correa por supuestos delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre del 2010 (día de la revuelta policial)  afecten supuestamente la libertad de expresión; y, que la CIDH cuestione la independencia del Poder Judicial en Ecuador.

"Resulta incomprensible que la CIDH, con fundamento en los criterios de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, intente equiparar el derecho a la libertad de expresión como una facultad para influir en el sistema judicial y modificar una decisión soberana tomada en derecho (en el caso Jiménez)", leyó Albuja.

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Para el representante ecuatoriano ante la OEA, los argumentos de la CIDH concuerdan con los mismos que "la empresa Chevron Texaco está utilizando contra el estado ecuatoriano".

Finalmente, Albuja exigió la rectificación de los puntos señalados en el informe sobre derechos Humanos de la CIDH, antes de enviar el documento a "consideración del Consejo Permanente".