El día que la quiteña Lourdes Sánchez llevó a su padre recién reagrupado al hospital por una dolencia cardiaca comprobó los efectos de las medidas aprobadas por el gobierno español para restringir el acceso a la sanidad gratuita. El progenitor de la inmigrante tiene permiso de residencia pero la normativa le impide contar con una tarjeta sanitaria que facilitaría su atención de manera gratuita. Al llegar le informaron que en breve recibiría la factura por el chequeo. “No sabemos cuánto nos cobrarán pero cada vez trabajo menos y apenas llegamos a fin de mes”, señala la ecuatoriana.

Dos años han transcurrido desde que la Administración dio luz verde al decreto de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la calidad y seguridad de sus prestaciones” y esta mañana las protestas se han instalado a los pies del Ministerio de Sanidad. Médicos del Mundo entregó más de 43.000 firmas reclamando el retorno a la cobertura sanitaria universal después que 800.000 extranjeros perdieran la tarjeta sanitaria por carecer de documentación en regla. Desde entonces, si quieren recibir atención médica tienen que pagarla; excepto, en situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto; si son menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata.

Con el paso del tiempo se ha impuesto la barrera a otros colectivos: empleadas de hogar que pierden su trabajo y personas desempleadas que han agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo y se ausentan de España más de 90 días en un año.

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El Ejecutivo tardó un año y nueve meses en poner en marcha un sistema de seguros públicos “cuyo valor, entre 60 y 157 euros, resulta incluso superior a un privado”, sostiene Martha Pérez, portavoz de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. El fracaso fue rotundo: apenas unas 300 personas en todo el territorio ibérico contrataron las pólizas.

La vocera también denuncia la desinformación que se repite en hospitales y centros sanitarios: “Algunos no han recibido ninguna instrucción y las órdenes orales les ha creado más confusión”.

Yo Sí Sanidad ha creado grupos de acompañamiento para evitar paliar las exclusiones del sistema. Solo en Madrid hay una veintena y 2.000 médicos objetores de la medida.

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También, señala, “once comunidades autónomas han decidido desobedecer al gobierno central. Unas no aplican el Real Decreto y otras han creado programas para reinsertar en el sistema a los excluidos”. Ecuador propuso a España la firma de un acuerdo bilateral en materia sanitaria que garantice la atención de los ecuatorianos que por carecer de documentación en regla han perdido el derecho a la asistencia gratuita pero no obtuvo ninguna respuesta.