Biodiversidad pidió informes sobre explotación del Yasuní

Esta semana el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea informes que den cuenta del cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación de un área del Yasuní.

La Comisión de Biodiversidad será la responsable de recibir y revisar los documentos para, con base en su contenido, establecer otras medidas, como pedir la comparecencia de autoridades de Gobierno o coordinar visitas al Parque Yasuní, en la Amazonía.

La asambleísta Marisol Peñafiel (AP) indicó que la comisión que ella integra ya solicitó la información a la Vicepresidencia, por ser la rectora de los sectores estratégicos, a los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales No Renovables, y a la estatal Petroamazonas.

“Hasta el 23 de abril el Ejecutivo tiene que remitir todos los informes, todo lo que ha hecho durante estos seis meses. Una vez que nos remitan, se establecerá un cronograma para que los diferentes ministros comparezcan, y sobre esto iremos tomando decisiones”, explicó.

La petición se enmarca en el esquema de trabajo aprobado el pasado miércoles, cuando la mesa conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El pasado 8 de abril, ese organismo designó a la Mesa de Biodiversidad como responsable del seguimiento de la declaratoria, que a su vez fue aprobada por el pleno de la Asamblea el 3 de octubre del 2013. Es decir, hace seis meses.

La declaratoria autorizó la extracción del crudo de los campos 31 y 43, solicitada por el presidente Rafael Correa, e incluyó varios puntos para garantizar los derechos del buen vivir, naturaleza y pueblos indígenas, según el documento.

Entre ellos consta el siguiente pedido al Ejecutivo: “Informar semestralmente a la Asamblea sobre el cumplimiento de esta Declaratoria de Interés Nacional en los ámbitos económico, técnico, social, ambiental y de protección de los pueblos indígenas en aislamiento”.

Lourdes Tibán (PK), quien se opone a la extracción, anticipó que los informes descartarán cualquier afectación a la naturaleza o a las comunidades indígenas porque, como provienen de instituciones gubernamentales, “intentarán vender lo maravilloso que es sacar el crudo”. Esto, según ella, para “bajar el interés de la ciudadanía en la consulta popular”.

El régimen sostiene que la explotación de crudo en los citados bloques permitirá al Estado obtener más recursos para inversión social en la Amazonía. Y no comparte la tesis de realizar una consulta popular.

Los informes (de los ministerios) no serán suficientes, así que tendremos que evaluar in situ, verificar con especialistas la zona del Parque Yasuní”.Marisol Peñafiel Integrante de la Comisión de Biodiversidad