Luego de años de representar a Chile en Ecuador, el embajador Juan Pablo Lira asumirá en mayo la delegación permanente de su país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), foro al que pertenece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es cuestionada por el gobierno de Rafael Correa.

Lira partirá mañana de Quito con la preocupación por las nuevas reglas arancelarias en Ecuador. Dice que generan pérdidas para el comercio chileno de unos $ 100 millones.

Históricamente la relación Ecuador-Chile ha sido muy dinámica en diferentes ámbitos. ¿En lo comercial, cómo ha afectado la política arancelaria del Gobierno?

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Con las medidas impuestas por el Gobierno ecuatoriano con relación a origen y calidad, es probable que nuestras exportaciones al Ecuador sufran una merma que por supuesto no conocemos todavía, pero ya se manifiesta en los primeros meses de este año con una baja cercana a los $ 100 millones.

¿Es una cifra sensible para ustedes o se la puede manejar?

Es un tema donde las autoridades chilenas han manifestado el absoluto respeto, pero es natural también que en el mundo de la diplomacia económica y política uno presente su extrañeza para intentar que se posterguen o se dejen de aplicar. Esto en atención a que entre Chile y Ecuador tenemos un acuerdo de complementación económica y está vigente desde 1993, lo que hace que tengamos el 96% del universo de nuestros productos sin aranceles.

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Nosotros podemos entender la decisión que ha tomado el Ecuador, pero también hay que entender que esto genera complejidades en las exportaciones y en los exportadores chilenos.

¿Qué productos chilenos están afectados?

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Son productos de cosmética y de aseo. Pero sobre todo las vitrinas refrigerantes, que tienen serias restricciones.

¿Hay algún acercamiento de autoridades comerciales de los dos gobiernos para proponer que se pospongan?

Hubo una reunión bastante provechosa en Quito, a fines de enero de este año. Las autoridades ecuatorianas fueron muy transparentes y contaron el porqué de esta situación y las autoridades chilenas explicaron las dificultades que esto ha generado.

¿Se ha pensado en algún tipo de compensación?

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Usted ha sido elegante en decir compensación, pero otros hablan de retaliación. Pero no es el caso nuestro, no hemos pensado en eso, se ha conversado con el sector empresarial chileno, el público y Prochile, y se están buscando mecanismos a través de los cuales se pueda ir compensando con el levantamiento de la medida por algún tiempo o posponerla también.

Usted me habla de $ 100 millones en los primeros meses de este año, ¿cuál es la proyección anual de afectación?

En seis meses o en un año estas medidas, que no se sabe cuánto pueden durar, a Chile le podrían afectar en unos $ 200 millones. De lo que sabemos, el Ecuador necesita limitar entre $ 800 y $ 1.000 millones las importaciones. Sabemos que los países más afectados son los fronterizos, Colombia, Perú y en buena medida los países cercanos: Chile, Argentina, Brasil y otros.

En el tema político diplomático el presidente Rafael Correa tiene una posición definida con relación a la crisis venezolana, mientras Chile se ha pronunciado para exigir el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

Se hizo una reunión extraordinaria de cancilleres de la Unasur, justamente con la ocasión de la transmisión del mando en Chile, el 12 de marzo, y acordaron, con Venezuela, poner a su disposición los mecanismos que Unasur tiene para estos temas. Cuando Chile fue presidente pro témpore de la Unasur, en el 2008, y surgió la crisis en Bolivia, rápidamente los cancilleres se reunieron en Chile y se formó una comisión para viajar a ese país y ayudar a que las partes conversaran y pudieran llegar a un acuerdo.

¿Por qué no esa diligencia, en el caso de Venezuela?

En este caso se demoró un poco la reunión y luego se acordó una visita de cancilleres de la Unasur a Venezuela, cosa que ocurrió recién, y en esa cita se conversó con el Gobierno y oposición, y se tomó la decisión de nuevamente regresar a Venezuela (realizada la semana pasada) para sentar en la mesa a las partes en discordia y puedan encontrar un camino o un diálogo.

Los cuestionamientos no cesan en el mundo, sobre todo en violación de derechos humanos en Venezuela...

El gobierno venezolano ha manifestado disposición para aceptar que agentes externos, en este caso la Unasur, puedan instalarse o visitar Venezuela para ayudar a que esto no ocurra.

Naturalmente, yo hubiera querido que esta reunión ocurriera ayer y no esperar, pero en política internacional las cosas se dan en los tiempos que deben.

¿Cuál es el sentir del pueblo chileno con lo que está pasando en Venezuela?

En Chile la situación es bastante agitada porque hay opiniones divergentes. Es interesante lo que se está produciendo en el debate porque no hay que olvidar que en Chile se vivieron muchos años de dictadura, de falta de libertad política, y mucha gente recuerda eso para evitar que se vuelva a repetir y no lo hacen en función de comparar con lo que está pasando en Venezuela.

En el tema de defensa y seguridad, los acuerdos entre Chile y Ecuador se han multiplicado. ¿Cuáles en especial?

Quiero darle especial énfasis al tema policial porque cuando se producen los sucesos del 30 de septiembre del 2010, el presidente Rafael Correa habla con el presidente de Chile, Sebastián Piñeira, y este viene a visitarlo y es el único que lo visita por el 30-S, y ahí le pide ayuda para hacer un proceso de reestructuración de la Policía Nacional del Ecuador, fundamentado en que los carabineros de Chile tienen bastante prestigio y además una policía de investigaciones que auxilia a los fiscales, lo cual ha sido exitosísimo.

Con ello se instaló en el Ecuador una misión policial conformada por 6 oficiales, 3 carabineros y 3 de investigaciones, y terminaron en marzo pasado una asesoría de dos años, involucrándose en todo el proceso de reformulación tanto de los pénsum de estudios como en la reestructuración de la Policía. Y por el trabajo de esta misión el Gobierno del Ecuador ha pedido una prórroga, lo que aún está en estudio.

¿Cuándo darán una respuesta sobre el pedido?

Como vino un nuevo gobierno en Chile, le dijimos a Ecuador que tomará tiempo la respuesta porque mal sería que funcionarios que se van puedan comprometer muchos recursos económicos y humanos.

¿Cuántos recursos involucra esta asistencia?

Es una cifra muy importante y me da rubor hablar del monto, pero son un par de millones.

Con el cambio de gobierno en Chile se iniciaron los cambios de embajadores y usted irá a la OEA cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está siendo cuestionada por gobiernos de la región, empezando por Ecuador. ¿Cuál es la posición de Chile?

Es un tema de la contingencia y tremendamente importante, y cada país tiene la soberanía para implementar las políticas en lo interno y externo que estime sus intereses. Pero a nosotros nos costó mucho trabajo salir de la dictadura y hemos vivido un largo proceso que dura hasta hoy. Y luego de la dictadura de hace 40 años la cosa está muy viva y tanto las víctimas como victimarios están vivos.

Nos interesa la Corte Interamericana, nos interesa la Comisión Interamericana y somos activos por razones que son propias de Chile.

Nuestra experiencia fue tan traumática que quedaron millones de personas en la indefensión porque no tenían adónde acudir, no podían ir a tribunales chilenos que estaban captados por la dictadura, y solo quedaba la posibilidad de acudir a estos organismos internacionales. Y aunque los resultados no fueron como queríamos, fueron bastante positivos.

¿Reconocen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Absolutamente. ¡Claro que sí!

El papel de Chile en la OEA será fundamental para tratar de salvar a la CIDH.

Seré un representante más de los 33 países, pero estamos con la mejor disposición para participar en conversaciones, escuchar a quien no está de acuerdo, a quienes sugieren cambios... Que hay que hacer cambios, es probable; modificaciones, es probable, pero todo eso tiene una forma de hacerse que no es de la noche a la mañana o a gusto de cada quien.

¿Un tema sensible que podría afectar las relaciones Ecuador-Chile?

De ninguna manera, no lo afectó en su momento y tampoco tiene por qué afectarla hoy. Hay la suficiente destreza política para saber que cada cual defiende sus propios intereses. Insisto, a nosotros nos interesan mucho las organizaciones internacionales que tienen que ver con la preservación de los derechos humanos.

En el tema Yasuní, Chile fue el primer país que apoyó la iniciativa para dejar el petróleo bajo tierra. Esto no se dio. ¿El Gobierno devolvió ya el aporte de $ 100.000?

Cuando se hizo el aporte se nos dijo que era un fideicomiso que estaba en custodia de Naciones Unidas y que en la eventualidad de que esto no se diera, se buscará la manera para devolver los fondos o reinvertidos. Se nos comunicó que el fideicomiso terminaba y se nos puso a consideración si los recursos los dejábamos para otros proyectos o si se retiraba el dinero. Esa decisión en Chile aún no está tomada.