La Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) envió este miércoles una carta a la Superintendente de Compañías Suad Manzur, en la que pide dejar sin efecto el Reglamento que prohibe a las compañías inmobiliarias recibir anticipos por el costo de las viviviendas.

El gremio plantea una reunión urgente para encontrar los mecanismos que permitan alcanzar los objetivos de control oficial.

El presidente de la Cámara, Hermel Flores, anunció también que los asociados resolvieron plantear una acción extraordinaria de protección para impedir la aplicación de este reglamento. Se espera que la elaboración del documento esté lista este viernes.

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En la carta se señala que el 18 de septiembre pasado, en un evento sobre “Generación de Proyectos de Interés Social”, el presidente Rafael Correa, manifestó su decisión de apoyar al sector de la construcción mediante incentivos, con tasas de interés preferenciales y gestión para reducir los plazos en los trámites y aprobación municipales de los proyectos.

Sin embargo en el Reglamento de funcionamiento de las compañías inmobiliarias, emitido por la Superintendencia de Compañías, se dispone que estas empresas no pueden recibir dinero del público para ejecutar los proyectos, sin contar  con la licencia de construcción emitida por el municipio.

Esto, según la Camicon, impediría a la mayor cantidad de empresas ejecutar los proyectos, pues no contarían con el financiamiento para ello, que en algunos casos llega hasta el 50%. Por otra parte, las pocas empresas que cuenten con la liquidez para financiar las obras cargarían este incremento de costos al precio de la vivienda.

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Agrega que los trámites para la aprobación de un proyecto inmobiliario, hasta obtener la licencia de construcción, requieren alrededor de un año, por lo que el impedimento de realizar preventas impacta a la mayoría de empresas que no podrían sustentar financieramente el desarrollo del proyecto hasta que se alcance el punto de equilibrio del 100%.

Observan también que el reglamento no contempla la posibilidad de alcanzar puntos de equilibrio por etapas, elemento indispensable para el desarrollo de proyectos masivos de vivienda.

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En la carta se advierte que todo esto incidirá en que pocas empresas queden activas en el mercado y más bien se convierta en un incentivo para que más personas naturales, sociedades de hecho, consorcios, etc., que no están bajo el control de la Superintendencia de Compañías, realicen esta actividad, fomentando la informalidad y la falta de control que se pretenden combatir.

Finalmente el gremio sugiere que sea obligatorio el documento de promesa compra venta notarizado y registrado pues garantiza legalmente a las partes el cumplimiento de sus obligaciones mutuas, ya que la legislación vigente establece sanciones en caso de que no se cumplan los compromisos adquiridos por las partes.

La Camicon señala su acuerdo de que se exija al propietario del terreno la firma de la promesa compra venta y, en caso de que el proyecto se desarrolle en el terreno que no es propiedad del promotor, necesariamente se constituya un fideicomiso mercantil con el aporte del predio.