Comienza en Washington reunión para nuevo calendario del litigio Ecuador-Chevron

El Procurador General del Ecuador, Diego García Carrión participó este lunes en la primera reunión para fijar un nuevo calendario procesal en el arbitraje entre Chevron-Texaco y el país suramericano, informaron fuentes ecuatorianas.

La reunión, que se prevé dure dos días, fue fijada después de que el Tribunal Arbitral cancelase a comienzos de mes la audiencia de fondo prevista para celebrarse del 20 de enero al 7 de febrero en la capital estadounidense.

El litigio, conocido como Chevron III, se produce para dilucidar la demanda interpuesta por la petrolera al país suramericano por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) suscrito con Estados Unidos.

Chveron interpuso la demanda tras ser condenada por la Justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales dejados en la Amazonía del país andino durante el tiempo en que extrajo crudo en esa región, entre 1964 y 1992.

La petrolera, que se niega a pagar la cuantía y reniega de la Justicia ecuatoriana, demandó a Ecuador ante el tribunal arbitral, para evitar que se ejecute la sentencia en su contra y al considerar que la misma obedecía a un "complot" y a una supuesta trama de "fraude" para perjudicarla.

En principio, el tribunal arbitral aceptó las alegaciones de la compañía.

No obstante, la Procuraduría ecuatoriana presentó su petición de nulidad de los fallos en contra del país ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y argumentó que no existe un convenio arbitral entre Chevron y Ecuador, por lo que el tribunal no podía declararse competente para conocer la demanda de la petrolera.

García Carrión reiteró en Washington que la demanda de la transnacional fue planteada prematuramente, ya que no agotó los recursos de ley para oponerse a una sentencia judicial.

Añadió que Ecuador se reserva sus derechos respecto de las decisiones emitidas por el Tribunal, en especial por haber actuado sin competencia, puesto que aplicó un TBI que entró en vigencia en 1997, cinco años después de que la petrolera saliera del país.