Cuatro relatorías del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están preocupadas por el tratamiento que ha dado el Gobierno ecuatoriano a la despenalización del aborto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y por las críticas a las tres legisladoras que respaldaron esta tesis.

El COIP se aprobó el 17 de diciembre pasado. En el apartado sobre el aborto se menciona que este no es punible cuando la vida de la madre corre el riesgo o si el embarazo es producto de la violación a una mujer con ‘discapacidad mental’.

Un mes antes (4 de noviembre), el presidente del Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres, Frances Roday; el relator sobre el derecho de toda persona al disfrute de la salud física y mental, Anand Grover; el relator sobre la tortura y otros tratos crueles, Juan Méndez; y la relatora sobre la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, recordaron al Gobierno los tratados sobre derechos de las mujeres para exhortarlos a despenalizar el aborto por violación.

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En una carta remitida al embajador de Ecuador ante la ONU, Luis Gallegos, los relatores pidieron al Gobierno que se responda en 60 días sobre las medidas adoptadas para garantizar la coherencia entre el Código, la Constitución y las obligaciones internacionales del país en derechos humanos; y para garantizar el disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Su preocupación se basa en que el Código “no ampliaría los casos de despenalización del aborto y tipificaría nuevos delitos, como el del homicidio por mala práctica profesional”. Además, señalaron que no existirían garantías de los derechos sexuales y reproductivos, y el aborto seguirá siendo criminalizado, aumentando el número de procedimientos inseguros.

Los relatores instaron al régimen a “asegurar que los espacios de análisis y discusión del Código incluyan las voces de aquellas asambleístas que proponen su armonización con las obligaciones de Ecuador en materia de derechos humanos, sin que se adopten represalias”, refiriéndose a Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía.

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Al ser consultada sobre esta carta, Godoy dijo que el responsable de responderla es el Estado ecuatoriano y que como legisladores “piensan en el Ecuador como un universo”. “... Este tema en particular no tuvo el final que algunas esperábamos, pero hay que mirar el trabajo en esa reforma integral”.