Cuatro relatorías del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están preocupadas por el tratamiento que ha dado el Gobierno ecuatoriano a la despenalización del aborto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y por las críticas a las tres legisladoras que respaldaron esta tesis.