Durante la gestión del Consejo de la Judicatura Transitorio y del definitivo, la masa laboral en la Función Judicial aumentó alrededor de 5.000 a 13.500 servidores.

De acuerdo con las cifras del Consejo de la Judicatura, hay 1.560 jueces a nivel nacional, 9.000 servidores de la Función Judicial y de la Judicatura, 500 fiscales, entre 1.300 y 1.500 funcionarios de la Fiscalía, 350 defensores públicos y entre 800 y 900 administrativos.

Parte de los 1.500 jueces y 500 fiscales que ahora constan en las nóminas de personal fueron elegidos en procesos públicos. De los 13.500 servidores de la Función Judicial, alrededor de un 50% tiene nombramiento y la otra mitad, contrato.

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Sobre el tema laboral y otros, los vocales del Consejo: Gustavo Jalkh, Tania Arias y Néstor Arbito, Alejandro Subía y Karina Peralta prevén presentar un informe de labores en febrero.

En ese informe, a más del manejo de los recursos humanos, incluirán cifras respecto de la aplicación del Plan Estratégico que fue implementado desde el inicio de su gestión para aglutinar administrativamente a todo el sector justicia: Judicatura, Corte Nacional, juzgados de todos los niveles, defensorías Pública y del Pueblo y Fiscalía.

Según Jalkh, este año se tiene previsto convocar a varios procesos de selección para llenar las vacantes administrativas y de jueces, así como las que se producen por renuncia, destitución o jubilación. “No es muy aconsejable tener personal bajo la modalidad de contratos, sino de carrera”.

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En los nuevos procesos, según Doris Gallardo, directora general de la Judicatura, se reclutará a ayudantes judiciales y secretarios de juzgado. Se aspira a tener un secretario para cada uno de los 1.500 jueces.

Pese a que era necesario el incremento de personal, ello no ayudó para mejorar el servicio o la producción de sentencias o despacho de causas, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Quito, José Alomía.

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Ello, a su juicio, determina que el personal no está debidamente capacitado para el trabajo o que las decisiones sobre la creación de judicaturas, cambio de competencias y otras, no han sido las más adecuadas. “Un juez puede tener dos o tres maestrías, pero si nunca dictó una sentencia, no va a rendir. Los jueces que entraron a reemplazar a los que no pasaron la evaluación, no siguieron verdaderos cursos de inducción, previo a su designación”.