Mientras que un grupo de 70 personas de los barrios que serán desalojados de la riberas del estero Salado realizaban un plantón en el centro para pedir una reunión con los asambleístas en la Casa Legislativa de Guayaquil, Francisca Vera observaba ayer cómo una excavadora derrumbaba una vivienda de dos pisos que estaba a su lado en la cooperativa Cisne 2, en el suburbio.

“Nos dijeron al principio que solo debían salir los que estaban en el estero, pero empezaron a botar a los que no estábamos ahí. Yo no me quiero ir porque son casas pequeñas las que hay allá (en Socio Vivienda 2)”, aseguró Vera.

Un golpe de la maquinaria a una pared dejó sin energía su cocina, por lo que salió a reclamar al operador, que le respondió que cumplía con su trabajo y no podía hacer nada.

Publicidad

Pocas son las casas que aún se mantienen ocupadas. Más son los solares con escombros, pedazos de madera y muebles que se encuentran en las antiguas aceras. Estas acciones forman parte del plan Guayaquil Ecológico que emprende el gobierno de Rafael Correa y que espera recuperar 10 kilómetros de ramal del estero Salado.

En el sector, sin embargo, existe confusión porque hay moradores que creen que el desalojo lo ordena el Cabildo.

En agosto pasado, Lorena Tapia, ministra del Ambiente, indicó que se reubicará a 8.175 familias hasta el 2015. Además hasta diciembre de ese año se construirá, en cuatro etapas, un parque lineal en los sitios desalojados.

Publicidad

En Plan Piloto los moradores están a la expectativa. En este sector cerca de 30 familias fueron notificadas para desalojar. Algunas personas aseguraron que han recibido llamadas y mensajes indicando que entreguen una declaración juramentada notariada, en la que acepten el derrocamiento de su vivienda que se encuentra en el área de riesgo establecido en el censo efectuado por el Ministerio de Desarrollo y Vivienda o si no perderán sus terrenos.

Cerca de una hora se mantuvo ayer el grupo que realizó el plantón en la av. 9 de Octubre y Boyacá con carteles que rechazaban el plan de reubicación.

Publicidad

“En total son 8.134 las familias perjudicadas, en el Cisne y Plan Piloto deben salir casi 3.000. Ya llegaron notificaciones a dos cooperativas de que tienen quince días para desalojar”, señaló Guillermo Leones, representante de Plan Piloto.

En la P y la 17, Héctor Perero es uno de los moradores que se oponen a la reubicación. Él tiene 40 años de vivir en la zona y construyó una casa de cemento de dos pisos. “Las personas que tienen casas de caña se van contentas porque las de Socio Vivienda son mejores, pero no para nosotros”, aseguró.

900
Dólares pagarían en cinco años los desalojados por el terreno en el plan habitacional Socio Vivienda.

Muchos vecinos no se quieren ir y ahora dicen que van a desalojar a otros. Esto se consigue con esfuerzo de varios años. Yo no quisiera irme para Socio Vivienda”.Rosario Paz, de Cisne 2

En octubre fueron a censar y el 7 de diciembre ya llegaron las notificaciones, en que nos dicen que se debe tener una declaración juramentada. No han socializado nada”.Guillermo Leones, de Plan Piloto