El fiscal general, Galo Chiriboga Zambrano, no respondió ayer a la denuncia en su contra que realizó Juan Carlos Carmigniani, abogado de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador, quien reside en Miami (EE.UU.).

Voceros del departamento de Comunicación de la Fiscalía indicaron que el funcionario está de vacaciones y que se pronunciaría sobre el tema cuando lo considere necesario.

Carmigniani anunció que presentará ante la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado y otros organismos de control unos documentos notarizados que contienen diálogos que habría tenido su cliente con el fiscal a través de mensajes de BlackBerry.

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En estos chats, Chiriboga supuestamente solicita a Delgado que la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), que entonces dirigía, no continúe con acciones legales contra la empresa Empagran.

Las conversaciones supuestamente se dieron entre junio y diciembre del 2012.

Según explica Delgado en una carta enviada a Carmigniani el 17 de diciembre pasado, la deuda de dicha empresa con Filanbanco era de $ 5 millones.

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Y le dice que dicha deuda era parte de la cartera que se devolvió como ‘vuelto’ a los hermanos Isaías, exdueños del Filanbanco, por $ 148 millones.

José Juez Jairala, gerente de Empagran, explicó a este Diario que su empresa ha vivido una “difícil situación” por varios años con la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y la Ugedep.

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Mediante resolución AGD-UIO-GG-2009 del 21 de abril del 2009, la AGD incautó las acciones de Empagram.

Según Juez Jairala, se la señaló como compañía relacionada con la familia Isaías, lo cual era una equivocación.

El 28 de noviembre del 2011 la Ugedep inició un juicio coactivo contra Empagram y dispuso el embargo de la empresa si no se procedía al pago en 72 horas de la deuda.

En julio de este año, la Ugedep –bajo la administración de Katia Torres– resolvió el problema de Empagran al desincautar el derecho de cobro.

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Juez Jairala explicó, además, que Joaquín Chiriboga, hermano del fiscal, ha estado vinculado a la familia Estrada (dueños de Empagran) desde inicios de la década de los 70, por lo que se le pidió su “ayuda amistosa y no profesional” para permitir “que seamos escuchados y cuidarnos de no ser presa de chantajes en este proceso”.

Según Carmigniani, la actuación del fiscal en este caso no guarda relación con su cargo.