Medio millar de personas, sometidas a torturas y tratos degradantes, han sido rescatadas durante este año de clínicas clandestinas que ofrecían tratamientos contra adicciones en Ecuador.

Unas 500 víctimas han sido rescatadas en una veintena de estos centros ilegales, intervenidos durante este año, reveló este viernes el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, en una rueda de prensa conjunta ofrecida con la ministra de Salud, Carina Vance.

Chiriboga confirmó que una treintena de personas están siendo procesadas tras ser detenidas en operativos contra estos supuestos "centros de rehabilitación" que funcionaban sin los permisos respectivos.

Los detenidos, explicó el fiscal, son procesados por los presuntos delitos de violación a los derechos humanos, odio, plagio (secuestro), trata de personas y tortura.

El anuncio de Chiriboga se da un día después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) hiciera público el rescate de 17 personas que permanecían retenidas en una clínica clandestina en el norte de Quito.

Durante esa operación, en la que se allanó la clínica "Unión y Esperanza", ubicada en el populoso barrio de Pisulí, en el norte de la capital, se detuvo a siete personas, entre ellas una funcionaria de Justicia, según informó la FGE.

"Grupos privados han cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos y la Fiscalía General va a proceder con toda la celeridad" del caso, indicó Chiriboga.

De su lado, la ministra de Salud indicó que su cartera y la FGE forman parte de una Comisión Técnica Interinstitucional Nacional por la lucha de los Derechos Humanos (CTIN) cuyo objetivo es investigar e intervenir en estas clínicas clandestinas.

Vance mencionó que constantemente se investiga la ubicación de estos centros que no tienen permisos de funcionamiento y donde los pacientes, confinados a ellos por sus propias familias, en algunos casos, viven en condiciones deplorables.

La ministra exhortó a los ciudadanos a evitar internar a sus familiares en estos centros, sin antes someterlos a una evaluación médica para confirmar que requieren tratamiento.

Señaló que la rehabilitación de adicciones forma parte de un sistema de salud estatal y precisó que para casos extremos existen 17 clínicas regidas por el Ministerio de Salud Pública en todo el país.

Según la FGE, se han intervenido siete clínicas clandestinas en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, así como cuatro en la costera de Guayas, donde su capital es Guayaquil, la urbe más poblada de Ecuador.

También se han intervenido dos clínicas ilegales en las andinas de Azuay e Imbabura, así como en la costera de El Oro, y se ha detectado la presencia de un solo centro de este tipo en Tungurahua, Cotopaxi, Los Ríos, Manabí y Napo.

Durante la operación efectuada ayer en la clínica "Unión y Esperanza" en Quito, se liberó a un menor de edad, quien relató que "era torturado con electricidad para sanar su problema de comportamiento".

En julio pasado, el Gobierno ecuatoriano reveló la existencia de una "red" de centros clandestinos de deshabituación de adicciones y homosexualidad donde se practican actos de tortura y que incluso se han producido dos muertes durante el último año.

La ministra Vance calificó entonces de "absolutamente crítica" la problemática que rodea a estos establecimientos, donde se han descubierto casos de intento de "deshabituación" de la homosexualidad y prácticas como violaciones y agresiones que formarían parte de pretendidas "terapias".

En 2012 Ecuador concedió autorización para 123 centros, pero las autoridades estiman que entre setenta y ochenta más podrían operar de forma ilegal y lucrarse del internamiento de personas que, en muchos casos, han sido llevadas a ellos de manera forzosa.