La aprobación total del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) aún está pendiente en la Asamblea, que evacuaría la próxima semana el último libro sobre Ejecución de Penas y las disposiciones (con una amplia reforma al tema de adolescentes infractores).

Restan por debatir en el pleno 61 artículos del libro de “Ejecución” que hacen referencia al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, los regímenes de penas no privativas de la libertad, medidas cautelares, visitas, disciplinario, la rehabilitación y la reinserción social, y la repatriación.

El asambleísta miembro de la Comisión de Justicia Miguel Moreta (CREO) sostuvo que los problemas que presenta esta última parte del articulado se basan en que no se contemplan medidas de rehabilitación efectivas ni se intenta solucionar desde la ley las dificultades de hacinamiento. Tampoco ve una salida a la ausencia de una estructura de rehabilitación correspondiente a policlínicos de desintoxicación y un suficiente número de psicólogos.

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Sin embargo, para el vocal oficialista de esa mesa Luis Guamangate, al Ministerio de Justicia y al Ejecutivo les corresponde determinar cuantitativamente las herramientas para el proceso de rehabilitación como el número de psicólogos que se necesitan.

Agregó que en ocho días se reunirá nuevamente el bloque para tratar los puntos en los que podría haber varios criterios sobre el último tramo del Código y solucionarlo al interno, antes de llegar al Pleno.

En torno a los adolescentes infractores, hay varias disposiciones reformatorias del proyecto y que establecen medidas socioeducativas con penas de uno a diez años para los infractores adolescentes de entre los 12 años y mayores de 16.

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Tras salir de una reunión en Carondelet, Mauro Andino (AP), dijo que están de acuerdo con el nuevo Código los que “quieren seguridad, los que quieren darle guerra a la impunidad” y los que no están de acuerdo son aquellos que no han tenido tiempo ni la “delicadeza” de leer y la gente que quiere seguir socapando a los que generan impunidad.

La presidenta encargada de la Asamblea, Rosana Alvarado (AP), ratificó ayer que la aprobación de los libros preliminar, de la infracción y el de procedimiento evitará que el país sea sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por el supuesto incumplimiento en la lucha contra el lavado de activos.

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“Si bien no vamos a salir de la lista de países no cooperantes, evitamos que Ecuador sea sometido a sanciones económicas”, dijo en La Radio de la Asamblea.