Aunque el oficialismo descarta que el proyecto de Ley de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana tenga relación con los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010, el Ejecutivo envió este documento a la Asamblea exactamente un año después de los hechos ocurridos en esa fecha.

Ese día, cientos de policías protagonizaron una protesta en varios regimientos del país, en rechazo a las reformas a la Ley de Servicio Público que, según dijeron, les quitaba beneficios. El Gobierno, no obstante, insiste en que estos uniformados, junto a otros sectores políticos, buscaban derrocarlo.

La discusión del proyecto, que en julio pasó el primer debate en el pleno, se centra en la creación de dos servicios civiles para la investigación de la infracción y la protección del servicio público.

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En 93 artículos del proyecto, la Comisión de Soberanía establece, entre otras cosas, que la Policía se convierta en civil y comunitaria, desapareciendo la organización en cuerpos concentrados, como por ejemplo los regimientos, explicó el presidente del organismo, Fernando Bustamante (AP).

El documento retira a los policías de las áreas administrativas y de las competencias que los municipios vayan asumiendo como el tránsito y de la protección a las autoridades e instituciones de las cinco funciones del Estado. Su carrera ya no será rotativa, ahora cada uno se especializará en una sola área.

Bustamante indicó que los salarios serán homologados a los de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, tendrán una buena jubilación, pero los años de servicio se aumentarán para cada grado, con un máximo de carrera de 70 años.

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El proyecto busca que se propenda a que el policía pueda hacer la carrera en el lugar de residencia habitual y que se someta a sanciones disciplinarias equivalentes a las del servicio público: amonestación verbal o escrita, multas, suspensión y destitución, eliminando los castigos que impliquen degradación física y moral.

Bustamante negó que este proyecto pueda considerarse como una retaliación contra los policías por lo ocurrido el 30 de septiembre de hace tres años. Aseguró que se debate desde el 2008 y que tal vez los acontecimientos lo retrasaron “porque hubo que reconstruir la moral interna, reorganizar un poco la situación”.

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Sin embargo, Cléver Jiménez (PK), integrante de la Comisión, manifestó que después del 30 de septiembre, el proyecto puede tener varias lecturas: se puede decir que al alargar los años de carrera el Ejecutivo estaría aplicando una especie de revancha o venganza, pero por otro lado la homologación del sueldo con los militares podría servir para “tranquilizar y mantener quieta” a la Policía.

Agregó que sacar a la Policía de la protección de autoridades es una muestra de desconfianza y con esto se corre el peligro de que quienes no estén en la línea de gobierno sean espiados.

En la Comisión, Diego Salgado (CREO) criticó que siendo un proyecto sobre policías, no se haya convocado al organismo a la cúpula policial para que aporte con sus criterios. La institución como tal ya no se manda por sí sola, su personería jurídica pasó al Ministerio del Interior desde el 2010.

Todavía no hay fecha para el segundo debate del texto.

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