La Fiscalía de Ecuador llevará por primera vez a la justicia un caso de crímenes de lesa humanidad, del que van a ser acusados a diez mandos policiales militares de los años 80, por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

Así lo informó este jueves el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, en una entrevista con EFE en Quito.

Entre 2007 y 2010 el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones de los derechos humanos perpetradas a partir de la década de los años 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, que presentará a la Corte Nacional de Justicia el próximo martes el caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín.

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"Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador, no porque no existan, sino que nunca hubo ni la decisión política ni judicial de poder abarcar estos crímenes", comentó.

Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora bordean los 50 años, fueron detenidos en 1985 de forma "arbitraria", torturados, hubo violencia sexual y comenzó "la desaparición forzada inclusive", porque las autoridades negaban haberlos capturado, dijo Jaramilllo.

"Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero", relató y añadió que pocos segundos después un grupo de policías los detuvieron.

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A Vaca lo mantuvieron "detenido y desaparecido por casi tres años" e incluso con el paso del tiempo, borraron sus archivos del Registro Civil dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares o el seguimiento del caso por parte de instancias internacionales.

Comentó que Vaca tenía un hermano que era militar y "casi por casualidad" descubrió donde estaba su pariente: "Al poco tiempo, el hermano de Luis Vaca estaba muerto", dijo al añadir que la esposa de Vaca también fue "detenida arbitrariamente (estando) embarazada y dio a luz en la cárcel".

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Agregó que también la hermana de Cajas fue "detenida arbitrariamente y torturada".

El caso por el crimen de lesa humanidad, que ahora está en indagación previa, lo presentará el Fiscal del Estado, Galo Chiriboga, ante la Corte de Justicia.

Se formularán cargos contra diez altos mandos policiales y militares de la época en que ocurrieron los hechos, cuyas identidades no fueron facilitadas.

A la audiencia asistirán representantes de la fiscalías de Venezuela, Perú, Argentina y Panamá y en ella se pedirán medidas cautelares que podrían ser el retiro del pasaporte, prisión preventiva o arresto domiciliario en caso de que el acusado esté ya en la tercera edad.

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"Ecuador tiene un muy claro afán de no permitir la impunidad y de que, antes de que sea demasiado tarde, la víctimas accedan a su derecho a la verdad y la justicia", dijo.

Jaramillo espera que haya sentencia en un año o menos "si el Estado actúa diligentemente".

Unas dos semanas después de la presentación por parte de la Fiscalía en la Corte, los afectados también presentarán acusaciones particulares, indicó Jaramillo, quien cree que el caso que presentarán el martes está "bien sustentado".