Desde febrero pasado, el ecuatoriano Fernando Bastidas no recibe en Madrid los cuidados médicos que requiere para la recuperación de una lesión en uno de sus brazos. Si el inmigrante quiere que un especialista revise las dos placas de platino y los 80 tornillos que le colocaron en su extremidad tiene que pagar. En España, a partir del 1 de septiembre pasado, la atención sanitaria para los extranjeros sin documentación en regla dejó de ser gratuita. Bastidas acumula cuatro años en el paro, dejó de cotizar a la Seguridad Social, perdió su permiso de residencia y trabajo y cuando quiso renovar su tarjeta sanitaria, se la denegaron. Un Decreto Ley modificó la cobertura del Sistema Nacional de Salud en España para limitar el acceso a los sin papeles solo en situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente; la asistencia al embarazo, parto y postparto; a menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata. Ante la falta de recursos, el inmigrante acude al servicio de urgencias para las revisiones rutinarias. No tiene otra alternativa.

Según consta en el Programa Nacional de Reformas de España 2013, 873.000 extranjeros han perdido sus tarjetas sanitarias (no hay datos por nacionalidades). Es decir, el 20 por ciento del total de la población extranjera. Un efecto más de los recortes por culpa de la honda crisis que aqueja al país europeo.

'Médicos del Mundo' ha documentado directamente cerca de 1.000 casos de personas que han sido excluidas del sistema sanitario. El de Fernando Bastidas es uno de ellos. Las situaciones más habituales, denuncian desde la ONG, “son las de ciudadanos con enfermedades crónicas sin controles periódicos (incluido el cáncer) y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos (falta de insulina para la diabetes, Sintrom para las cardiopatías, etc.), además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento”.

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Por su parte, la plataforma 'Yo Sí Sanidad Universal' denuncia las diferentes estrategias disuasorias que utilizan los centros de salud para ahuyentar a los pacientes. Por ejemplo, en el servicio de admisión a urgencias del hospital madrileño Ramón y Cajal puede leerse el siguiente cartel: “Los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid deberán mostrar su tarjeta sanitaria individual para acceder a cada una de las prestaciones y servicios sanitarios, debiendo presentarse acompañando a la misma el documento identificativo de la personalidad de su titular, cuando así sea requerido”. Otra medida puesta en marcha es la de la obligatoriedad de firmar un “compromiso de pago” como condición previa para acceder a la atención. Lo más grave de todo, denuncia Pablo Rodríguez, uno de sus voceros, es que “ni siquiera dice cuánto hay que pagar”.

'Yo Sí Sanidad Universal' ha creado 40 grupos que acompañan a las personas afectadas por la nueva normativa para intentar que sean atendidas dentro del circuito de la sanidad. Es su manera de llamar a la desobediencia civil contra el “apartheid sanitario”.